Se supo la noche del pasado martes que el gobierno solicitará la declaración de ilegalidad de la medida de fuerza, luego de conocer el rechazo del amparo presentado por ATE, y por otro lado, se impulsan acciones legales tendientes a establecer las responsabilidades penales y civiles de los trabajadores que mantienen la medida de fuerza impidiendo el normal funcionamiento de las salas de juego del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas).
Las autoridades del Iafas consideran que la instalación de una carpa en las puertas de la sala de juego ubicada sobre calle 25 de Mayo de la capital entrerriana perjudica notablemente la afluencia de clientes y a los trabajadores del organismo que pretenden ejercer en pleno su derecho a trabajar, ya que los intimidan.
Se pudo saber que las pérdidas estimadas en la recaudación de dicha sala oscilan en alrededor de 200.000 pesos (U$S 50.159) por día, lo que erosiona no sólo el presupuesto destinado a la acción social sino que también perjudica notablemente a los trabajadores, ya que aún los que van a trabajar sufrirían una disminución en sus haberes superior a los 2.000 pesos (U$S 501).