CHA e IU se oponen frontalmente a esta ley, que en realidad es un cambio legislativo y una adaptación de la norma. Sus enmiendas (que incluyen una a la totalidad de los nacionalistas) pretenden suprimir algunas de las características liberalizadoras de la ley, que permite entre otras cosas que un casino pueda abrir sin concurso público previo otra sala de juego en la misma localidad donde está establecido. Actualmente sólo se permite un casino por provincia.
Fuentes del PP afirmaron que su postura más probable es la abstención. También aseguraron no comprender demasiado bien qué motivos han llevado al Gobierno a presentar ahora esta ley. Esta duda es compartida también en otros círculos. Estos no ven claro que guarde una relación clara con posibles macroproyectos de juego, pero recelan de las verdaderas intenciones del Ejecutivo autonómico. El proyecto legislativo apenas regula el juego telemático y las loterías, aunque abre la puerta a ambas posibilidades.
El diputado de CHA, Chesús Yuste, tiene clara la motivación de la ley: el Gobierno está buscando nuevas fuentes de ingresos y "dinamitando" el consenso alcanzado en el año 2000 cuando se aprobó la Ley del Juego de Aragón, y en la que se consiguió que prevaleciera la protección de la salud pública.
Es precisamente este aspecto uno de los que más preocupa a este partido, y así lo recoge en las enmiendas que se debatirán en el caso de que no prospere la que han presentado de rechazo total a todo el articulado de la ley. La anterior normativa, afirma Yuste, establecía como sus principios rectores evitar la incentivación de hábitos y conductas patológicas; no fomentar su hábito, e impedir en su gestión actividades monopolísticas. Adolfo Barrena, diputado de IU, también considera que esta ley es una muestra más de la deriva "neoliberal" del Gobierno, al tiempo que también pone el acento en los riesgos para la salud. A su juicio, la anterior ley era "más garantista".
Antes de esta reforma se han publicado otras seis de la Ley del Juego del 2000, a través de leyes específicas o de acompañamiento, además de la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad creada tras la irrupción de Gran Scala.