La intención del Ejecutivo es vender el 30% de la empresa estatal para conseguir “reducir la deuda española”. La cantidad que espera recaudar aún no se ha fijado, pero será elevada por las características de la compañía y su capacidad de generar ganancias: el Tesoro público ingresó el pasado año nada menos que 2.919 millones de euros procedentes de LAE, 810 de ellos sólo gracias a la venta de la Lotería de Navidad.
Las organizaciones de loteros se han mostrado en repetidas ocasiones en contra de esta privatización, agrupados en la llamada Mesa de Asociaciones. Desde allí han lanzado la web www.salvemoseljuegopublico.com
para defender la titularidad pública de esta medida.
Los loteros acusan al Gobierno de “querer privatizar un sistema de carácter público que ha demostrado ser mucho más eficaz y competitivo que el privado”, indican en un manifiesto, en el que reclaman la aprobación de una Ley de Juego Público.
Como paso previo a la privatización, el Gobierno ya ha empezado a ejecutar algunas medidas para mejorar las ventas. La última de ellas, la generalización de la venta por terminal, que permite combinar la comercialización de décimos con la de boletos impresos. Los loteros temen que esto signifique en el futuro la desaparición de todos los décimos semanales, salvo el de Navidad.