El principal fundamento, es el cambio de estructura en la toma de apuestas, lo que originará consecuencias negativas en la sociedad, considerando que impactan en la estructura económica de las agencias, adicionando un riesgo laboral de 24.000 locales comerciales en el país, afectando a 100.000 empleados y sus familiares.
También provocará un aumento de la ludopatía, afectando la estructura social de las familias y no se podrá ejercer un control sobre menores y adictos. Perdiendo la contención que ofrece el sistema actual. Los juegos por Internet, fomentarán el juego compulsivo por su libre accesibilidad y por la publicidad masiva, como ya lo comprobamos en la actualidad, vedada para el juego oficial precisamente, para no fomentar la adicción.
El juego por Internet propiciará el lavado de dinero proveniente de la ilegalidad en todas sus formas, reducirá la recaudación para destinarla a los fines sociales y humanitarios que ofrece el Estado previstas en la Constitución.
Al propiciar el propio Estado esta forma de juego, aumentará la oferta de sitios, con premiaciones y condiciones más ventajosas, por sus bajos costos y evasión impositiva, de empresas fantasmas y clandestinas, sobre las que no se podrá ejercer ningún control, como está demostrado en las infructuosas diligencias de la justicia, para controlar estas pseudo empresas, con domicilios en paraísos fiscales o en el país con domicilios reales, pero con traslado de comunicaciones a otros sitios de difícil accesibilidad para realizar fiscalizaciones.