Aseguran que la Ley de Lotería y Juegos de Azar pondría en riesgo el futuro del sector en Bolivia

En conferencia de prensa, los representantes de las casas de juego indicaron que su intención es ser incorporados en la elaboración del proyecto de Ley, porque su intención es el de aportar dinero al Estado. Sin embargo, y en su criterio “la norma busca acabar con todos los establecimientos, sean grandes o pequeños que prestan este servicio”.

Explicó que la fórmula de cobro de impuesto planteada por el Ministerio de Economía en este proyecto de ley, lo único que hace es consolidar la corrupción, creando tributos imposibles de aplicar e inviables, cuando existen formulas que facilitan el control y la recaudación a favor del país, evitando fomentar el juego ilegal y la evasión fiscal.

Castedo dijo que en el Proyecto de Ley identificaron tres problemas.

En primer lugar lo que se refiere a la base impositiva de la norma en la que el impuesto al juego se va a aplicar sobre el ingreso en efectivo que tenga cada una de las empresas, es decir, que cuando un jugador va y compra una ficha por valor de un boliviano, sobre ese boliviano se tiene que tributar. “Ese es uno de los mayores defectos de la Ley”.

Según Castedo, no se está tomando en cuenta una deducción imprescindible o necesaria que se tiene que hacer, y es el de los premios, porque de ese boliviano que ingresa no todo es utilidad, ya que de ese monto de dinero tiene que distribuir en premios. Y el retorno que la empresa da a los jugadores es de 85% del total del ingreso.

“Aplicar un impuesto sobre el ingreso real sin considerar los premios es definitivamente irreal”, declaró. En segundo lugar, el otro problema es la alícuota (resultado de repartir un volumen inicial en varias partes iguales) del impuesto.

“El impuesto mencionado en el proyecto es del 30%”, dijo al sostener que esta cantidad es desmedida, porque la disposición final señala que sebe pagarse el IVA (Impuesto al Valor Agregado), impuesto a las transacciones (IT) y el impuesto a las utilidades de las empresas. “Porque existe un error conceptual de que es un servicio la actividad del juego”.

“Por tanto si hacemos una sumatoria de todas las alícuotas impositivas alcanzamos al 61% de alícuotas que tenemos que pagar”, sostuvo Castedo.

La última observación que hacen los dueños de casas de juego se refiere a que se debe tomar en cuenta es el impuesto a la participación en juegos, es decir, que el jugador, la persona que va a comprar una ficha o ticket, debe pagar el 15% de impuesto (es el impuesto al IVA).

“El jugador que adquiere una ficha por 10 bolivianos, lo que jugará en realidad son 8,70 bolivianos, porque se le va a descontar el 13% del IVA”.

Por tanto, el impuesto que paga el jugador es “un impuesto restrictivo, está tendiendo que las personas no vayan a jugar. Este impuesto se llama extra fiscal, porque no solamente tiene una connotación económica sino que trata de ordenar una conducta social”.

Según Castedo, en el Viceministerio de Política Tributaria están tratando de “limitar el hecho de que las personas jueguen, porque tienen un concepto de que es algo nocivo para la familia y sociedad”.

Asimismo hizo referencia que en la Asamblea Plurinacional existe un proyecto de cobrar un impuesto por máquina. Para ello se pretende realizar un censo a fin de conocer la cantidad de máquinas que tienen las empresas.

Al respecto los propietarios de empresas de juego están de acuerdo con este impuesto para evitar el juego clandestino. El asesor legal dijo luego que de no ser escuchados por las autoridades se están poniendo en riesgo unos 7.000 puestos de trabajo a nivel nacional

Los representantes de la empresa de juegos Lotex S.A; de CorHa; de Stara Mirage Games; de Bahittí y de las asociaciones Libertad de Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí y Santa Cruz, mediante sus asesores legales y cartas dirigidas al presidente Evo Morales, denunciaron que el proyecto de Ley de Lotería y Juegos de Azar no es transparente y busca hacerlos desaparecer del mercado.

“Hermano Presidente, queremos pagar, queremos ser legales, creemos que es posible tributar, si nos establecen un pago por maquina mes, costo que debe ser razonable, para que podamos cumplirlo, para que podamos ayudarlo de forma transparente en su gestión de gobierno que es la nuestra. Lo pretendido por el ministerio de finanzas, es la muerte de nuestro negocio”, señala la carta enviada al Jefe de Estado.