Vecinos buscan apoyo de diputados para detener la construcción de un casino en San Pedro Pescador

Los diputados provinciales Delia González (Alianza Frente de Todos), Clelia Ávila Alianza Frente de Todos) y Egidio García (Frente para la Victoria); nacionales Alicia Terada (ARI – Coalición Cívica) y Carlos Urlich (Alianza Frente de Todos) y la diputada provincial mandato cumplido, María Cristina Barrios, escucharon a los pobladores que aseguran que el Gobierno no tiene en cuenta sus reclamos y que “prioriza los intereses económicos de sectores privados por encima del bienestar de una comunidad tradicional, de las pocas que aún subsisten, gracias al trabajo genuino y no de los planes sociales”.

Luego de escuchar la postura de los vecinos, unánimemente en contra del proyecto del casino porque alteraría el modo de vida de la comunidad, los diputados coincidieron en que “la construcción de este antro de perdición es un perjuicio para el pueblo y negocio para unos pocos”.

Asimismo asesoraron legalmente a los vecinos, quienes fueron interiorizados sobre cuáles son sus derechos y de qué manera defenderlos.

Y fundamentalmente explicaron las consecuencias en la salud mental que podría causar la instalación del casino, como la ludopatía, una enfermedad que está causando graves problemas en todo el país.

Por otra parte, propusieron que si de inversión se trata sería más conveniente que se mejore la escuela, el centro de salud, o que se incorporen médicos para la atención. “Esas son verdaderas necesidades que tiene la gente del lugar”, afirmaron.

“Notamos que existe una extorsión del Gobierno hacia el pueblo”, señalaron tras escuchar los testimonios de los vecinos que aseguran que les dijeron que “si no hay casino, no hay defensa” y que “si le decís que no al casino, te sacamos el plan social”.

Al término de la reunión los funcionarios indicaron que acompañarán a las más de 300 familias en la lucha pacífica de defensa de su hábitat y modo de vida porque valoran y defienden la identidad de las personas con su lugar.

“La dignidad de estos ciudadanos no puede ser ignorada por las autoridades; ellos están convencidos de que el futuro de sus hijos no se circunscribe como empleadas del servicio de limpieza o como ficheros de un casino, saben que la capacitación les permitirá trabajar y desarrollarse en ámbitos profesionales, y solicitan que el Gobierno no se oponga”.