La propuesta fue revisada tras las protestas realizadas por operadores locales.
La legislación propuesta pide la creación de una Junta de Control del Juego para los casinos y juegos online, que se financiaría mediante un impuesto de reglamentación fijado en un 0,5 % al año sobre la base de los ingresos brutos.
Dicho organismo regulador sería el encargado de emitir licencias válidas por seis años y con el apoyo de medidas punitivas en caso de incumplimiento. A su vez, la iniciativa incluye disposiciones relativas a un impuesto del 15% sobre los ingresos brutos mensuales y una cuota de licencia única de U$S 50.000 por año. Se prevé que la nueva Junta de Control del Juego se regirá por un Consejo Superior presidido por el Ministerio del Interior y Policía.