Argentina: la Unidad de Información Financiera supervisó el Casino de Buenos Aires

La inspección, la primera en su tipo, se llevó a cabo en el Casino porteño debido a que este tipo de establecimientos, sean nacionales, provinciales, municipales o privados, así como los bingos, loterías, hipódromos y operadores de juegos de azar por Internet deben implementar mecanismos de control para la detección de transacciones sospechosas de enmascarar maniobras de blanqueo de fondos.

Entre las obligaciones de los casinos figura la identificación y registro de cualquier apostador que resulte ganador de un premio superior a los 10.000 pesos (U$S 2.529), y la conservación por cinco años de la documentación respaldatoria de la obtención de la suma.

Frente a operaciones inusuales, y también ante la reticencia o negativa de un cliente a suministrar información para corroborar su identidad, domicilio, profesión y estado civil, entre otros datos, los casinos están obligados a reportar el caso a la UIF.

La UIF, a través de un comunicado de prensa, recordó que desde 1999 a la fecha, "el Casino de Buenos Aires sólo presentó una decena de reportes de operaciones sospechosas (ROS)".

Por su condición de sujetos obligados a comunicar transacciones sospechosas, los casinos deben diseñar e implementar políticas de prevención, desarrollar tecnologías que aseguren la eficacia de sus mecanismos de control y realizar auditorías periódicas.

Ante una operación susceptible de ser informada a la UIF, deben presentar la documentación pertinente en el término de 48 horas.

Cada casino, además, debe nombrar un oficial de cumplimiento de las normas anti-lavado y quien ejerce ese rol en el Casino del puerto porteño recibió hoy a los supervisores de la UIF.

Pusieron a disposición de los inspectores las copias del contrato de constitución de la Unión Transitoria de Empresas que controla el establecimiento, sus estatutos, el informe de la última auditoria efectuada en materia de lavado de dinero y el listado de cuentas activas de clientes correspondientes a los últimos doce meses.

La UIF, que depende del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y desde febrero pasado es presidida por el economista José Sbattella, fue creada mediante la ley 25.246 para analizar información financiera a los efectos de prevenir operaciones de lavado de activos provenientes de actividades ilícitas.

Desde julio de 2010 rige la resolución 104, que reglamenta los procedimientos de supervisión como forma de controlar la observación de las leyes anti-lavado por parte de los sujetos obligados a reportar al Estado operaciones sospechosas de canalizar activos de procedencia ilegal.