Como indican desde Loyra Abogados, la Asociación de Juegos Electrónicos (OSIPE) ha remitido al Ministerio de Finanzas una serie de propuestas que debe recoger la futura regulación. Entre las mismas, un número suficiente de licencias para los operadores; un sistema fiscal específico para el sector y para ciertos juegos y la prohibición de explotación de las vídeoloterías (VLT).
Dicho negocio podría generar 1.300 millones de euros en concepto de coste de los permisos de operación.
El país heleno mantiene una fuerte actividad en el mercado ilegal de apuestas, con un volumen de negocio de 3.500 y 5.000 millones de euros. Además el no dejar explotar máquinas con premio en metálico fuera de los casinos le cuesta al Estado 31.500 euros al día. Una sanción emitida por la Comisión Europea en 2009 pues dicha prohibición incumplía el Tratado de la UE.
En otro orden de cosas la OPAP, entidad supervisora en monopolio de los casinos griegos, las carreras hípicas y las loterías estatales, ha manifestado su intención de conseguir la autorización para operar apuestas por Internet, una modalidad que podría ponerse en funcionamiento en el segundo semestre de 2011.