El nuevo impuesto está en proceso de redacción, pero, aún así, el Poder Ejecutivo ya convocó el expediente al Congreso, explicó Guillermo Zúñiga, presidente de la comisión de Asuntos Hacendarios y quien fue ministro de Hacienda en la administración Arias.
El plan original tiene el expediente 17.551 y plantea un impuesto del 2% de las ganancias brutas de las empresas dedicadas al juego, y Hacienda trabaja en los estudios sobre la cantidad de recursos que podría recogerse.
La propuesta crea una Comisión Nacional Reguladora de Apuestas, responsable de otorgar, renovar, controlar y suspender las licencias necesarias para la operación de estas actividades.
Cuando fue presentado por la administración Arias, el proyecto planteaba posibles ingresos por unos ¢100 millones (U$S 190.814). Sin embargo, una vez en el Congreso, los legisladores se dieron cuenta de que ese dato no es exacto.
Hacienda insiste en el plan, que vendría a servir de apoyo a la iniciativa de impuesto de $300 sobre las personas jurídicas, con el que, a criterio del ministro de Hacienda, Fernando Herrero, el Gobierno podrá cumplir su promesa de incrementar en ¢50.000 millones (U$S 95.407.100) la inversión en seguridad ciudadana.
Sin embargo, los diputados de oposición ya reclaman falta de transparencia de parte del Poder Ejecutivo a la hora de gestionar estos planes.
Gustavo Arias, congresista del Partido Acción Ciudadana (PAC), reclamó falta de coordinación de Casa Presidencial a la hora de convocar la iniciativa de impuesto a los casinos, porque, en vista de que se espera un texto sustitutivo, no se puede avanzar en el proyecto.
Por su parte, el jefe del Movimiento Libertario, Danilo Cubero, mostró reservas de primera entrada al plan de ley.
“Tendremos que ver la nueva redacción del proyecto pues nosotros habíamos hablado del proyecto original, y ahora resulta que le están haciendo cambios”, expresó el parlamentario.
Zúñiga afirma que el plan es necesario tanto para recoger recursos para seguridad como para ordenar la actividad de apuestas en el país.
El proyecto, por ahora, sigue varado en la comisión, a pesar de que el Ejecutivo lo convocó como una de sus prioridades.