Esa ley presentaba una serie de exigencias, como la creación de 3.000 empleos, 8.000 plazas hoteleras o la ocupación de al menos 1.000 hectáreas.
Además, se debían entregar dos avales, uno primero de tres millones de euros y otro posterior de seis. International Leisure Development había fijado varios plazos previos para depositar esas cantidades, al igual que la entrega de la documentación necesaria. Primero fue en verano del año pasado, luego a finales del 2009, posteriormente en abril de este ejercicio y luego en junio. Pero lo cierto es que en el Ejecutivo autonómico no han recibido ni un euro y la compañía ya retrasa la fecha de ejecución de obras, posponiéndolas al menos un año más. A esto se une una nueva incertidumbre: la compañía tiene de plazo hasta febrero del 2011 para adquirir el 100% del suelo.
Si no se hace, los propietarios que se han beneficiado hasta ahora de varios pagos por la opción de compra se quedarían esas cantidades, alrededor de 700.000 euros. El 12% de la cantidad total de las 1.100 hectáreas que ILD reservó en la localidad del Bajo Cinca para construir el macrocomplejo que, en un principio, iba a generar hasta 26.000 puestos de trabajo. Mientras, en la DGA no ha llegado todavía ese aval, a pesar de los esfuerzos del consejero de Industria, Arturo Aliaga, que insiste en que se está trabajando.