Edición Latinoamérica
05 de Diciembre de 2020

Por prohibición de operar sus salas de juego en Chile

La SCJ se desmarca en el debate por la fuerte baja en la recalada de cruceros

(Chile).- El superintendente de Casinos de Juego, Francisco Javier Leiva, asegura que el organismo regulador no puede hacer "nada" en la polémica por la fuerte baja en las recaladas de cruceros internacionales en el país, que algunas autoridades atribuyen a la imposibilidad que tienen de operar sus casinos en aguas territoriales chilenas.

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No podemos hacer nada, no es nuestro rol", dijo Leiva, y  explicó: "He visto declaraciones que vinculan el no funcionamiento en aguas territoriales chilenas de los casinos de cruceros a la Ley de Casinos. Eso es inexacto, o sea, previo a la promulgación de la Ley de Casinos del año 2005, estaba prohibido que casinos de los cruceros funcionaran en aguas territoriales, eso ha sido siempre así".

 

En efecto, pues el organismo que fiscaliza a los cruceros internacionales en el país, así como el funcionamiento de sus casinos, es la dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar), repartición que depende de la Armada de Chile.

 

Pese a ello, el superintendente de todas formas ha recibido a organismos como la Asociación Gremial de Armadores de Transporte Marítimo, Fluvial, Lacustre y Turístico Sur Austral (Armasur), y al capítulo de alcaldes de puertos cruceros, que depende de la Asociación de Municipalidades, para responder las duda sobre este tema.

 

"La respuesta (a ellos) fue que la Ley vigente es clarísima, los casinos de cruceros internacionales no pueden por Ley funcionar en territorio nacional, y que la fiscalización de esa obligación legal corresponde a Directemar", señala Leiva.

 

En la reunión con Leiva, Armasur, que representa a las embarcaciones nacionales, acusó de competencia desleal a los operadores internacionales, por el no pago del impuesto específico de alcoholes en sus casinos, y un conjunto de otras condiciones que sí deben cumplir los armadores chilenos.

 

Al respecto la autoridad aclara que, en lo que respecta a las atribuciones que le competen al organismo regulador, "la Ley de Casinos de Juegos permite la instalación de salas de juegos en salas mercantes nacionales", pero sin embargo "hasta el momento ningún operador de naves nacionales ha pedido que la Superintendencia autorice la instalación de esas salas de juegos".

Anteriormente, la directora nacional del Sernatur, Jacqueline Plass, ya había anunciado que el organismo trabaja en un plan que le presentará al gobierno para mitigar la fuerte baja en las recaladas de cruceros en los últimos meses.

 

A su vez, el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, ha iniciado una serie de diálogos con el propio Sernatur, la Corfo, parlamentarios, la Armada, Pro Chile, el ministerio de Relaciones Exteriores y otros alcaldes de las ciudades puertos que están siendo afectadas, con el objetivo de llegar a un consenso para avanzar en términos legislativos y de fomento.

 

Según Castro, la idea es "procurar ahora sí que desde esas conversaciones" salgan las iniciativas "como modificación de ley".

 

"El municipio de Valparaíso está trabajando para que esto sea escuchado porque tienen que ver con Ley, y con lo que recauda la Armada respecto de faros y balizas cuando entran a aguas chilenas", dice el alcalde sobre la baja en los arribos de estas embarcaciones turísticas.

 

Y es que según aclara, "para nuestro puerto, es muy importante y conveniente la llegada de estos trasatlánticos, ya que los turistas que arriban dejan bastantes ingresos en la ciudad, pues tienen un gasto diario importante en los distintos servicios que ofrecemos. Por lo mismo, es de vital importancia para Valparaíso que podamos organizarnos con los actores involucrados, y volver a las casi 45 recaladas anuales que teníamos en años anteriores.

 

Se estima que cada pasajero gasta por bajada a puerto unos U$S100. Estudios de la Universidad de Valparaíso en tanto, indican además que los aportes económicos de una temporada para una ciudad se traducen en más de U$S4 millones.

 

Según cifras oficiales, hubo una baja de 35% en la capital de la V región durante la temporada 2009-2010 en la recalada de estos buques, lo que se traduce en 45 mil pasajeros menos.

 

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