Denuncias afectan la legitimidad del proceso licitatorio de la quiniela en Paraguay

En declaraciones a radio Cardinal, el representante del Ministerio del Interior ante la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) aseguró que el hecho que vincula a Sergio Céspedes, representante de las Municipalidades, terminará afectando la transparencia y la legitimidad del proceso de licitación de la quiniela que se realizó el año pasado que terminó con la concesión a la empresa Mepshow.

“Obviamente afectará a la legitimidad del proceso licitatorio realizado si se confirman las publicaciones sobre la denuncia realizada”, explicó Lugo en referencia a la información divulgada por el diario Última Hora, en la que colocan a Céspedes en su doble rol de miembro del ente que regula los juegos de azar y la de agenciero en San Pedro.

Respecto al hecho del doble rol que cumple Céspedes, Lugo dijo que “es una situación que no corresponde” para luego remarcar que la publicación periodística desnuda un hecho “que no es para nada ético”.

Recordó que en este sentido, la Ley de la Función Pública establece claramente que un funcionario “no puede beneficiarse de la institución donde presta servicio”, recalcó Lugo a la citada emisora.

Asimismo, se refirió a las concesiones o subconcesiones que Mepshow habría acordado con parientes de connotadas figuras públicas de Paraguay como el caso de Jorge Galaverna, hijo del senador colorado Juan Carlos Galaverna, o de Esteban Castiñeira, hermano de la empresaria Zuny Castiñeira; o del empresario Francisco Leiva.

Según el documento presentado por Mepshow, en el departamento de Itapúa la persona que explota la quiniela es el empresario Francisco Leiva, el mismo que había reconocido en el mes de diciembre pasado que había “comprado” los derechos para  esta explotación por unos 7.000 millones de guaraníes.

Lugo fue determinante. “Está prohibida la concesión o subconcesión de la licencia de la quiniela”, precisó el funcionario para luego añadir que el contrato establece que “claramente es una causal de rescisión del contrato”.

Recordó que pidió a la presidenta de la Conajzar, Patricia Marchewka, y a la Abogacía del Tesoro informes sobre este hecho para ver cuáles son las medidas que pueden tomarse ante este hecho irregular en su primer análisis.