“Si en algún punto el estado puede dejar de ser el operador y regulador de los casinos filipinos, ésa sería una buena dirección”, comentó Aquino, quien acaba de asumir la presidencia.
También indicó que no existe un plazo para concretar la privatización, principalmente porque el gobierno necesita determinar si hay irregularidades con Pagcor para luego regularizar esta situación.
La cadena de 41 casinos filipinos reportó un ingreso neto de U$S 640 millones. Bajo los términos de su sistema de franquicias, la mitad de los ingresos de Pagcor van directamente al presupuesto nacional. El resto del dinero le corresponde a las ciudades sedes de los complejos, a un fondo controlado por la oficina del presidente y a varios impuestos.
Aquino señaló que la revisión investigará si los ingresos fueron derivados a los beneficiarios legales.