Sola recordó que el juego online, reconoce que recauda más de 300 millones de euros al año en el conjunto del Estado “y no paga un solo céntimo de impuestos ni genera un solo empleo ya que estamos hablando de empresas fuera de la ley, que actúan desde paraísos fiscales y que por lo tanto están beneficiándose de una falta de regulación que les permite competir en condiciones de clara ventaja frente al juego privado legal que esta regulado y fiscalizado de forma estricta”.
Albert Sola calificó de muy grave la situación del sector del juego privado en Cataluña. Esta situación se pone de manifiesto al analizar los datos de evolución de ambos sectores. “Si el juego privado ha perdido más de un 20% de su recaudación en 2010, en cambio el juego online espera crecer más de un 40% este año”.
Para el máximo responsable de la organización de las empresas operadoras de máquinas recreativas, el problema no es sólo de falta de regulación a nivel fiscal y económico sino también a nivel técnico. “Mientras el juego online puede hacerlo todo y ofrecer de todo dado que nadie lo controla, nosotros tenemos las manos atadas y no podemos introducir innovaciones en nuestras máquinas para poder competir”, afirmo Sola ante más 200 empresarios del sector reunidos en un acto que se celebro en el Estadio del RCD Espanyol, que ha sido considerado por la UEFA la mejor instalación deportiva para la práctica del fútbol en Europa. El acto contó la presencia de la Directora General de Joc i Espectacles de la Generalitat, Mercé Claramunt.
Desde el sector empresarial del juego privado se exigió a la administración que ejerza sus competencias, no sólo promulgando legislación para poder competir en igualdad de condiciones con el juego online, sino actuando mientras esta legislación no sea aprobada por el Parlamento que sea competente en la materia. Entre los ámbitos en los que Albert Sola destacó que hoy la administración podía intervenir ejerciendo sus competencias sin tener que llevar a cabo reforma normativa alguna están: protección de datos, defensa del consumidor, evasión fiscal, agencia tributaria, vulneración de la Ley General de publicidad, entre otros aspectos.