Estas patronales, que aglutinan a las salas de bingo y a los salones recreativos y de juego, han presentado sendos escritos en los que solicitan la denegación del permiso y denuncian que "pueden existir determinadas deficiencias que hagan imposible la concesión de la licencia".
Según ha expresado PIMEM en un comunicado, el traslado del Casino a Porto Pi significa "la ruptura del difícil equilibrio de los sectores del juego".
Las asociaciones de juego privado recuerdan que la alcaldesa de Palma, Aina Calvo, se comprometió públicamente a llevar este tema al Consejo Social del Ayuntamiento para que todas las partes pudiesen expresar su opinión sobre el impacto de una oferta de este tipo para la ciudadanía de Palma.
Además, señalan que la decisión de la Conselleria de Interior está recurrida por la vía contencioso administrativa por las citadas asociaciones y por el Ayuntamiento de Calviá.