Argentina: fue sobreseído el ex titular del Instituto de Juegos y Casinos de Mendoza

En la misma causa, el fiscal especial también había dejado imputadas a tres familiares acusadas de haber colaborado con el ex funcionario.

Es más, Martearena, quien dictó la imputación en febrero del 2007, también había elevado la causa a juicio, que fue apelada por los defensores de Alonso, Carlos de Casas y Oscar Dimas Agüero.

Los letrados recurrieron al juez Benegas, quien desestimó y rechazó este requerimiento, y finalmente lo sobreseyó, al igual que a las otras tres personas imputadas (sus nombres no trascendieron).

Sin embargo se conoció que se trata de la esposa –de quien estaría separado–, una cuñada y un concuñado.

Todos ellos también fueron notificados en su momento de la acusación que pesaba en su contra y, al igual que Alonso, se abstuvieron de declarar ante la Justicia.

Estas personas –según la acusación de Martearena– estaban sospechadas de haber colaborado con Alonso prestando sus nombres para figurar como propietarios de diversos bienes patrimoniales.

Alonso –a cargo de todo el juego estatal durante la gobernación de Roberto Iglesias y quien prolongó su gestión tres años más en la gestión de Julio Cobos– dejó su cargo en forma abrupta en el 2006, cuando tomó conocimiento de que Martearena lo investigaba por presunto enriquecimiento ilícito a partir de una denuncia que recibió en forma anónima.

Cuando fue citado a indagatoria el 9 de febrero del 2007, se presentó acompañado del penalista Carlos de Casas, quien en ese momento y en forma temporal representó al abogado Oscar Dimas Agüero y estuvo en la sede de tribunales aproximadamente 40 minutos.

Durante la audiencia dijo que todo estaba en la documentación que presentó en tribunales en forma espontánea en el 2006 referida a su patrimonio: sus ingresos (sueldo y adicionales por la función pública, más los honorarios que percibía por su profesión de abogado) y la adquisición de propiedades muebles e inmuebles, incluso en la costa atlántica.

El fiscal Martearena inició la investigación, que ahora se cayó con el sobreseimiento, porque quería saber cómo había hecho el funcionario, con aproximadamente $4.300 (U$S 1.092) de ingresos mensuales, más lo que podía recibir por honorarios de abogado, para comprar y construir al menos dos inmuebles valuados en varios cientos de miles de pesos.

El magistrado también investigaba la procedencia de varios automóviles que figuraban a nombre de parientes.

Uno de estos rodados, según Martearena, estaba valuado en $145.000 (U$S 36.851). También había un Peugeot 407 y un Citroën.