"El hecho de que estén arraigadas, y la necesidad de regularizarlas para generar control nos parece un absurdo, si hoy no hay voluntad de controlarlas el hecho de que las regularicen no lo gestará", dice el comunicado.
Los funcionarios plantean que consideran al juego un vicio social y su explotación debe ser realizada por el Estado, ya que –dicen- es el único que da todas las garantías; y manifiestan su rechazo a un proyecto de legalizarlas, ya que les parece un absurdo mayor que "en el país donde cada niño tiene una computadora para aprender, pueda tener a la vuelta de la esquina una máquina que lo iniciará en el juego a una edad muy temprana cuando aún su personalidad se está formando".
Desde el comunicado plantean que estas máquinas y hábitos, en las clases más desfavorecidas sólo aumentarán la pobreza, al desviar sus escasos recursos al juego ilegal que se instala a la vuelta de la casa, entonces todo aquel apoyo para salir adelante que se da a través de las ONG y del propio MIDES quedará por el camino cuando pretendan regular una actividad que debe estar penalizada.
Desde la Mesa Representativa de Funcionarios Administrativos de Casinos del Estado esperan, tras esta misiva, ver la evolución de los acontecimientos y continuarán los contactos con autoridades nacionales, departamentales y organizaciones sociales de todo el país en procura de evitar "este daño a la sociedad uruguaya".