El asambleísta, presentó el planteamiento el año pasado cuando estalló el escándalo de Invermun denunciado en su momento por Jaime Solórzano y Fabricio Correa, hermano del presidente de la República, Rafael Correa. Por razones desconocidas el proyecto no tuvo eco en el recinto legislativo.
La propuesta establece sanciones para los funcionarios públicos y jueces que con sus acciones permiten la operación de las máquinas tragamonedas ilegales, así como reclusión de tres a seis años para los dueños de estos negocios que desacaten la ley.
Finalmente, Rodríguez dijo que le corresponde a la Corte Constitucional frenar la “sinvergüencería” de los amparos constitucionales que los salones de juego de la empresa Invermun exhiben para evitar su clausura.