La propuesta fue consensuada por legisladores de diferentes bloques, como Daniel Amoroso (Pro), Gerardo Ingaramo (Pro) y el ex diputado de la Coalición Cívica Facundo Di Filippo. “Pensamos que, como toda conducta adictiva, la ludopatía debe ser considerada un problema de salud pública que concentre la atención del Estado”, señala el proyecto. La ludopatía o adicción al juego es reconocida como un trastorno mental por la Organización Mundial de la Salud desde 1992.
El proyecto considera que la presencia de cajeros en el ámbito donde se hacen las apuestas “contribuye, casi de manera determinante, a disparar el deseo, patológico o no, de seguir apostando cuando el jugador se queda sin dinero”. Si esta iniciativa prospera se prevé que los cajeros sean retirados de las salas en un plazo de dos meses.
En la provincia de Buenos Aires, la prohibición de cajeros automáticos en las salas de apuestas rige desde 2007, por resolución del Instituto de Loterías bonaerense. Luego de varios fallos judiciales, quedaron autorizados solamente los cajeros que se utilizan para que los empleados cobren sus sueldos, con la condición de que estén separados de las salas juego y se impida el acceso de los apostadores.