La propuestas, además de mejorar las condiciones de fiscalización de juegos de azar, abre las puertas a la explotación de esta actividad no sólo en grandes casinos, sino también en salas de juegos de menos dimensión, designadas en establecimientos hoteleros.
Para esto, el gobierno propone disminuir el valor inicial para autorizar la instalación de salas de juegos o casinos, al entender que la suma de 264 millones de escudos (U$S 3.500.180) fijada en la actual ley, aleja a los posibles interesados en la actividad.
Una nota por parte del Ejecutivo caboverdiano señala que “ese valor puede ser desproporcionalmente elevado para el caso de concesionarios que exploten pequeños casinos o simples salas de juegos”.