Edición Latinoamérica
14 de Agosto de 2020

De los cuales 11 pertenecen al Área Metropolitana de Caracas

Se clausuraron en Venezuela 18 salas de juego en menos de siete meses

(Venezuela).- A través de diversos procedimientos de inspección por toda Venezuela, en menos de siete meses, la Comisión Nacional de Casinos (CNC) ha cerrado, de manera definitiva, 18 establecimientos de juego, invite, y azar que funcionaban de manera ilegal.

A

sí lo informó la inspectora nacional de casinos, Efigenia Núñez, este martes en la noche durante el cierre de dos establecimientos ubicados en El Rosal en la ciudad capital.

Además, destacó que de los 18 locales cerrados, 11 establecimientos corresponden al Área Metropolitana de Caracas.

Asimismo, refirió que estos procedimientos se realizan en el marco del Plan Misión Cero Juego Ilegal, por lo que “siguiendo instrucciones del ministro del Poder Popular para el Turismo (Mintur), Pedro Morejón, nos encontramos en la calle con este Plan realizando inspecciones en los establecimientos de juegos que pudieran estar en funcionamiento de manera ilegal como bingos, casinos y máquinas tragamonedas”.

Igualmente, explicó que las sanciones para aquellos establecimientos de juegos que funcionan ilegalmente (sin porte de licencias), y según lo dispone la Ley de Casinos, puede ser de hasta cuatro años de prisión para los encargados, facilitadores o gerentes de los locales.

Refirió que este es un procedimiento en el que interviene la Fiscalía General de la República “porque estamos hablando de un delito y el llamado es que estamos en la calle para garantizar que se juegue de manera legal, se paguen sus impuestos, y que el Estado venezolano pueda ejercer el control sobre la actividad”.

La Inspectora Nacional de Casinos apuntó que en estos establecimientos “nos pudiéramos estar encontrando con la presencia del delito del lavado de dinero, presuntamente proveniente del narcotráfico, y por eso estamos en esta lucha tenaz y constante contra los locales ilegales de juegos”.

Señaló que la CNC viene trabajando en conjunto con las denuncias de las comunidades y demás formas de organización social para detectar los establecimientos ilegales.

 

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