Esa querella fue planteada después de que Solórzano Ycaza denunció supuestos pagos a funcionarios del Gobierno para que se permita operar sus 7000 máquinas tragamonedas, en las 84 salas que tienen instaladas en seis provincias del país.
“He venido a rendir las declaraciones”, se limitó a decir Lescano al finalizar la diligencia.
Francisco Minda, abogado de los empresarios, explicó que las comparecencias “se realizan dentro del trámite regular” de la demanda contra Solórzano.
La semana pasada, el acusado rechazó los cargos en su declaración ante Cáliz. Él tiene otro juicio por decir que los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado, secretarios de la Administración Pública y Comunicación, respectivamente, supuestamente recibieron dinero de Invermun.