Argentina: empleados del Casino de Mendoza denuncian la ampliación del Enjoy

Los trabajadores del Instituto Provincial de Juegos y Casinos harán presentaciones en la Justicia civil y la penal, al tiempo que se mantendrán en estado de movilización y asamblea permanente, ya que aducen que la medida oficial hace peligrar el salario de unas 500 familias.

Según Martín Caín, secretario adjunto de la Unión Personal de Juegos y Casinos de Mendoza (UPJCM), “el decreto es altamente dañino no sólo para los 500 mendocinos que viven del Instituto, sino también para el propio Estado. Es opuesto a los intereses de los mendocinos”.

Contra la decisión oficial de permitir la ampliación y habilitación definitiva del emprendimiento de capitales chilenos –el decreto fue firmado por el gobernador CelsoJaque y el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, y publicado el 27 de octubre–, las autoridades del gremio argumentaron que el flujo de dinero que se maneja en juego mensualmente es siempre el mismo. “Si abrimos más casinos o ampliamos los ya existentes, esa masa no se va a incrementar. Así, el Casino de Mendoza se vuelve cada vez menos productivo y pierde frente a los emprendimientos privados”, sostuvo Caín.

Para los sindicalistas, esto afecta a la población, por la disminución del dinero destinado a solventar planes sociales y de salud, y también a los empleados estatales.

Sobre esto último, Caín –acompañado por el secretario general, Miguel Ángel Bergamín, y el secretario de Asuntos Laborales, Roberto Molina– explicó: “El 70% del sueldo de los trabajadores depende de la productividad de la sala de juegos provincial, mientras que el 30% restante es el monto fijo que establece el Estado. La ampliación de los casinos privados reduce los ingresos del ente oficial, por la pérdida de público, y eso afecta dramáticamente el porcentaje de los sueldos, que depende del rendimiento del ente oficial”.

 “Basta ver las salas vacías del Casino de Mendoza para entender el perjuicio que nos están causando no sólo a los trabajadores, sino a la sociedad. Con la medida oficial, el dinero del instituto estatal se reduce. Es una evidencia: el Gobierno juega en contra de los intereses de los mendocinos”, opinó Miguel Bergamín.

Caín aseguró que desde el gremio defienden la creación de puestos laborales. Pero interrogó: “¿De qué nos sirve que abran 30 casinos con 400 puestos de trabajo, si en dos años van a estar en la calle junto con los 500 del Instituto, porque el turismo y el público local no crecen?”. Con estos fundamentos sobre sus espaldas, la Unión Personal de Juegos y Casinos de Mendoza presentó el miércoles un recurso de amparo en el Segundo Juzgado Civil, además de una denuncia ante la Asesoría de Gobierno. Hoy harían lo mismo en la Justicia penal.