La reforma que plantea el Ejecutivo central consiste, en síntesis, en que la red de administraciones deje de ser pública, de tal modo que desaparezca la fórmula de concesión de puntos de venta de boletos que ha funcionado hasta ahora. En su lugar se establecerá un sistema de contratos privados con los particulares que pretendan entrar en el sector.
“Lo que van hacer es cargarse el medio de vida de muchas personas que, como es mi caso, heredamos la administración de nuestra familia y hemos realizado numerosas inversiones para dar al cliente el mejor servicio posible”, añadió García de Vinuesa.
Esta insatisfacción ha derivado en la redacción de un manifiesto conjunto de rechazo a los cambios, y que los propietarios de los puntos de expedición de loterías del Estado ofrecen a sus clientes para que les den su apoyo. Ya tienen en su haber varios centenares de rúbricas de adhesión a sus argumentos.
Muy contundente contra la reforma se muestra también Francisco Esquinas, dueño de la administración número 19 y último presidente de la Asociación de Administradores de Loterías de Córdoba -la plaza está vacante en la actualidad-. “El Gobierno pretende, a través de los Presupuestos del Estado de 2010, acabar con la posibilidad de que les dejemos las administraciones a nuestros hijos, sostiene Esquinas. “Otro de los temores que tenemos es que desaparezca el clásico décimo de lotería, y ello debido a que ésta se expida en máquinas situadas en locales” como los supermercados o las gasolineras, agregó el ex presidente del colectivo.
En su descargo, el Gobierno ha aclarado que “no es cierto que se vaya a privatizar el servicio, porque los loteros que ya tienen su administración podrán elegir, en el plazo de dos años, entre seguir como hasta ahora o regirse por las normas privadas”.