En un acto conjunto, CC.OO. y UGT, y las patronales del sector Apla, Anapal y Fenapal criticaron el cambio normativo por entender que plantea unas medidas “irreversibles hacia una privatización encubierta”, al contemplar que cualquier entidad jurídica, mediante contratos privados, pueda comercializar juegos del Estado.
Esta privatización se daría a través de las disposiciones adicionales 32 y 34 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010.