Bolivia: acusan a Corhat de financiar a un grupo terrorista

Pese a que el 25 de septiembre estaba prevista una audiencia cautelar en el juzgado Séptimo de Instrucción Cautelar de La Paz, Suárez no ha sido citado. Su defensor explicó que esperarán a recibir la notificación para definir su estrategia legal. Sin embargo, adelantó que la Corte Superior de Distrito ha resuelto que la jurisdicción en que debe procesarse el caso es Santa Cruz y no La Paz.

Según la imputación formal y requerimiento de medidas cautelares presentadas por Soza, el 15 de septiembre, ante la jueza Betty Yañíquez de La Paz, por informes emitidos por la Dirección de Inteligencia se llegó a establecer que Suárez entregó dinero a Hugo Antonio Achá y Alejandro Melgar, supuestos financiadores de Rózsa. Soza, en el documento, escribe mal el nombre de la empresa (pone “Corth” en lugar de Corhat). También afirma que Achá y Melgar son prófugos de la justicia y que Achá es propietario de la empresa de juegos Antares, a la que Corhat proporcionó licencia de funcionamiento.

Las bases para acusar a Achá y Melgar como los financiadores (bajo los seudónimos de Superman y Lucas, respectivamente), son las declaraciones de Ignacio Villa Vargas, que pasó antes de testigo clave a imputado y prófugo.

Ritter asegura que no existen bases para imputar a su defendido. Señala que el informe de Inteligencia al que hace referencia Soza es una hoja sin firmas, titulada como Grupo la frater, en la cual se relata que Suárez, un empresario del sector de limpieza, Achá y Melgar se reunían todos los jueves por la tarde en un café de la avenida Monseñor Rivero a decidir qué hacer con el dinero recaudado por el grupo La Torre, para dar seguridad a empresarios y dirigentes y con lo que les quedaba entablaban juicios a Lotex, la compañía de juegos de azar que es competencia de Corhat.

“No es un informe de inteligencia, es una hojita que no la firma nadie”, dijo Ritter.

El abogado también niega que Corhat tenga relación con Antares. Es más, asegura que la compañía de Suárez denunció a Antares como ilegal.

Consultado sobre qué harán para que las 36 casas de juego que Corhat tiene en el país no sean confiscadas y para que sus cuentas no sean congeladas, como requiere el fiscal Soza, Ritter aseguró  que esto no sucederá porque el memorial de Soza no surtirá efecto legal.

“El fiscal Soza lo único que quiere hacer es buena letra con sus patrones. Sus actos tienen objetividad y legalidad igual a cero. Es un individuo que no tiene conocimiento de que vivimos en un Estado democrático y de derecho, donde los ciudadanos tienen derechos y las autoridades, obligaciones. El deber de un fiscal es fundamentar sus requerimientos y solicitudes. Y Soza no lo hace”, dijo.

El 21 de septiembre, la jueza Yañíquez autorizó la notificación de la imputación formal contra Suárez mediante un exhorto suplicatorio y pide que se comisione el acto legal a un juzgado de instrucción de Santa Cruz. La audiencia estaba fijada para el 25 de septiembre pasado, pero como no se citó al nuevo imputado, la audiencia fue suspendida.

El informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) solicitado por Marcelo Soza no encuentra movimientos relevantes de Ronald Alberto Suárez Salvatierra. Según los documentos a los que tuvo acceso EL DEBER, la UIF señala que el nuevo imputado del fiscal antiterrorismo tiene operaciones financieras que no permiten identificar movimientos relacionados con el supuesto grupo terrorista. Califica los retiros y depósitos como “de escasa relevancias y sin señales de alertas”, destinados a pagos por mantenimiento, abonos por sueldo de personal y retiros de cajeros automáticos.

En el mismo informe figura la composición societaria con la que Antares fue anotada en Fundempresa. Según el documento, Carlos Veintemillas tiene el 70% de las acciones, Eduardo Kinn Franco el 10%, Hugo Antonio Achá otro 10% y María Belén Pérez Delaney, el 10% restante.

El fiscal Soza asegura que Antares tiene relación con Corhat, sin embargo, Suárez no figura como socio, según el informe de la UIF.

Otro dato llamativo del informe es que uno de los supuestos financiadores del grupo, el abogado Alejandro Melgar, tiene deudas en ejecución superiores a Bs 4 millones (U$S 581.159) y parte de ese monto ha sido catalogado como ‘incobrables’ por un banco. Según la investigación, Melgar pagó los pasajes del grupo de Rózsa.

El fiscal Marcelo Soza solicitó a la jueza Betty Yañíquez que detenga a Ronald Suárez Salvatierra, porque existe riesgo de fuga, ya que en su declaración informativa aseguró que había realizado viajes al exterior del país, lo que, según él, demuestra la facilidad que el imputado tiene para viajar.

También asegura que Suárez Salvatierra podría obstaculizar la investigación, ya que aún aparecen nombres de presuntos implicados con la supuesta célula terrorista. Considera que el nuevo imputado podría influenciar negativamente a Hugo Antonio Achá y Alejandro Melgar, abogados a los que considera prófugos de la justicia boliviana.

Solicita la retención de las cuentas bancarias en todo el sistema financiero boliviano de la empresa Corhat y de Ronald Alberto Suárez Salvatierra.

También solicita a la fiscal que se comunique de oficio con la Lotería Nacional y Fundempresa para registrar los bienes muebles e inmuebles tanto de Suárez Salvatierra como de la empresa de juegos de azar.

Solicita el cierre definitivo de todas las empresas que se hallan registradas a nombre de Corhat y de Salvatierra

Pide que se decomisen de manera definitiva todas las máquinas tragamonedas que poseen Corhat y Salvatierra. Todos los requerimientos se basan en el Decreto Supremo 138.