Piden que la Contraloría General intervenga en la licitación de la quiniela en Paraguay

Franco remitió el pasado lunes una nota al contralor Octavio Airaldi, con copia al presidente Fernando Lugo y al ministro de Hacienda, Dionisio Borda, en la cual adjunta un documento elaborado por el asesor de la Vicepresidencia, Carlos Gómez Zelada, "que describe un modelo ideal para permitir la modernización y transparencia del sector, que considero deben ser los objetivos fundamentales de cambio para asegurar mayores recursos y formalización para el Estado".

El informe de Gómez Zelada recomienda la suspensión o cancelación de la licitación de la quiniela, de ser ciertos los hechos denunciados sobre el cambio en el pliego de bases y condiciones sin anuencia de todos los miembros de la Conajzar. Aconseja, además, que el ente contralor exija a Conajzar elaborar un nuevo pliego de bases y condiciones, acorde a los sistemas de captación de apuestas y sistemas de control, convirtiendo en una verdadera industria la de los juegos de azar, y que redundaría en beneficios, tanto para el Estado como para los apostadores.

Gómez Zelada refiere que Conajzar está integrada por representantes de distintas instituciones del Estado (uno por el Ministerio de Hacienda, uno por el Ministerio del Interior, uno por las gobernaciones y uno por las municipalidades), elegidos por su honorabilidad y representatividad, pero ninguno de ellos es idóneo ni tiene experiencia en el rubro de juegos de azar.

El estudio revela que por la quiniela se abona un canon durante 60 meses, lo cual suma G. 180.000 millones (U$S 37.016.674) de ingresos al fisco. Agrega que diariamente se juega por un valor aproximado de G. 1.500 millones (U$S 308.472), lo cual significa que la suma mensual es de G. 45.000 millones (U$S 9.254.168). Agrega que en 60 meses se genera en concepto de apuestas G. 2,7 billones (U$S 555.250.110), lo que representa U$S 540 millones.

Asimismo, el asesor hace referencia a que el pliego de bases y condiciones presenta errores y contradicciones. Entre ellas, cuestiona quiénes serán los profesionales que evaluarán las ofertas, considerando que los miembros de la Conajzar no son personas idóneas para evaluar las ofertas, y que tampoco el ente posee la infraestructura necesaria para cumplir su rol.

También critica la inclusión en el pliego de bases y condiciones de la obligatoriedad del concesionario en presentar en un plazo de seis meses un sistema de captación de apuestas por medios electrónicos, lo cual califica de irresponsable y poco serio. El argumento esgrimido es que debería haberse llamado previamente a una licitación para el control de la nueva modalidad. Otro cuestionamiento realizado es que el llamado a licitación se realizó en forma tardía, y se corre el riesgo no solo de dejar sin trabajo a 30.000 corredores (tomadores de apuestas), sino también de que la quiniela clandestina se posesione del mercado durante el lapso que vence la concepción de Repsur (el 29 de este mes) y el plazo de suscripción con el nuevo concesionario (que podría ser en octubre).