Edición Latinoamérica
15 de Agosto de 2020

Así lo dictó la Sección Primera del Consejo de Estado

Exigen en Colombia la autorización para quienes pretendan operar juegos de azar

(Colombia).- La Sección Primera del Consejo de Estado llegó a la conclusión de que quienes pretendan tener juegos de azar deben obtener autorización y el concepto favorable sobre la viabilidad técnica, jurídica y económica del negocio a desarrollar, con el fin que existan las suficientes garantías de que efectivamente se cancelarán los derechos de explotación y el pago efectivo de los premios.

E

sto se anunció al decidir en única instancia la demanda de nulidad interpuesta contra algunos artículos del Decreto 493 de 22 de marzo de 2001, proferido por el Gobierno Nacional.

Según el demandante, tanto el trámite de la autorización como la emisión del concepto viola el inciso primero del artículo 333 de la Constitución Política de 1991 y constituye al mismo tiempo un desconocimiento de las prohibiciones establecidas en los artículos primero de la Ley 232 de 1995 y primer numeral de la Ley 962 de 1995.

El Ministerio de Protección Social señaló ante estos cuestionamientos que de conformidad con las anteriores disposiciones “resulta indiscutible que en el régimen constitucional se establece que la actividad económica y la iniciativa privada son libres. Con todo, su alcance se entiende supeditado al bien común, lo cual equivale a predicar que tales libertades no tienen un carácter absoluto e ilimitado”.

Por su parte, la Sala aclaró que el acto administrativo acusado no es violatorio de las normas superiores invocadas en la demanda, pues si bien es verdad que en ellas se prohíbe expresamente a las autoridades exigir licencias o permisos de funcionamiento para autorizar la apertura o continuidad de los establecimientos de comercio o exigir el cumplimiento de requisito alguno que no esté expresamente ordenado por el legislador, en este caso la misma Ley 643 de 2001 fue la que dispuso en su artículo 31 las reglas que deben cumplir.

Según dicha Ley se necesitan autorizaciones y la expedición de los actos reglamentarios que ahora son objeto de censura.  “Al mismo tiempo, debe tenerse en cuenta que las autorizaciones y conceptos cuestionados coinciden plenamente con lo preceptuado en el artículo 31 de la Ley 643 de 2001, pues es clara su intención de contribuir al estricto cumplimiento de lo que allí se dispone, especialmente en lo que atañe a la cancelación de los derechos de explotación y el pago los premios”, precisa la Sala.

Se explicó que la norma legal que fue objeto de reglamentación determina de manera perentoria que la totalidad de los premios que formen parte de un juego promocional, deben quedar necesariamente en poder del público y establece a la vez que la persona natural o jurídica que obre como gestora del juego debe cancelar los derechos de explotación del juego promocional.

Se considera que la norma tiene validez porque garantiza que las sumas de dinero provenientes de la explotación de los juegos promocionales sean recaudadas de manera efectiva para que cumplan con la finalidad social que establece la Constitución.

Otro objetivo de la reglamentación es evitar la evasión fiscal en la explotación de los monopolios ya mencionados. Por todo lo expuesto, la Empresa Territorial para la Salud (Etesa) y la respectiva Sociedad de Capital Público Departamental (Scpd), están en potestad de exigir la justificación técnica y económica del plan de premios.

Las empresas también tienen que reportar a dichas entidades cuál es el lugar y el calendario de realización de los sorteos. Deben a su vez entregar las facturas de compra, promesa de contrato de compraventa o certificado de matrícula inmobiliaria según el caso, qué bienes tienen, servicios o elementos que componen el plan de premios, la constitución de la garantía de cumplimiento y la cancelación del valor de los derechos de explotación y gastos de administración.

Para la Corporación, las disposiciones de la Ley 962 de 2005 no pueden tenerse como parámetro de comparación para determinar la legalidad de las normas demandadas, pues aunque ellas son de mayor jerarquía en la escala normativa, dichas disposiciones fueron proferidas con posterioridad a la expedición del Decreto 493 de 2001.

“Esa circunstancia es más que suficiente para declarar que las posibles inconcordancias que pudieren existir entre las referidas disposiciones legales y las contenidas en el Decreto acusado, de manera alguna pueden determinar la nulidad de estas últimas, pues con ello se estaría incurriendo en una violación flagrante de los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de la ley”, indican la sentencia.

El Consejo de Estado indicó que los requisitos exigidos por las normas demandadas lejos de vulnerar los derechos invocados por el actor, garantizan la autonomía de las entidades territoriales, protegen la destinación específica de los recursos antes aludidos y permiten la participación de aquellas en la toma de decisiones en el ámbito de sus competencias.

La Ley 643 de 2001 supeditó la realización de “todos” los juegos de suerte y azar, sin excepción alguna, a la autorización que expida la autoridad competente atendiendo el factor territorial y dejó prevista la expedición de actos reglamentarios relativos a la explotación, organización y administración.

El artículo primero de la Ley 232 de 1995 señala que ninguna autoridad podrá exigir licencia o permiso de funcionamiento para la apertura de los establecimientos comerciales definidos en el artículo 515 del Código de Comercio, o para continuar su actividad si ya la estuvieren ejerciendo, ni exigir el cumplimiento de requisito alguno, que no esté expresamente ordenado por el legislador.

 

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