Pena con multas y prisión a quienes faciliten el desarrollo de esta actividad

Un proyecto de ley busca prohibir las apuestas por Internet en Brasil

26-08-2009
Tiempo de lectura 1:15 min
(Brasil).- Facilitar la explotación de juegos de azar por Internet podría ser considerado un crimen, de acuerdo al proyecto de ley del senador Garibaldi Alves (PMDB-RN). La propuesta (PLS 255/08) tramitada en conjunto con el proyecto de Magno Malta (PR-ES), apunta a prohibir a las empresas de tarjetas de crédito a autorizar pagos relacionados a los juegos de azar y a la pornografía en Internet (PLS 121/08).

La propuesta de Garibaldi Alves prevé multas y prisión de uno a tres años a quienes "permitan, aseguren o faciliten la promoción o explotación de los juegos de azar", tanto en la red mundial de computadoras como por medio de dispositivos de comunicación (computadoras, teléfonos celulares y televisión entre outros) o cualquier otro sistema informatizado.

Define también como crimen a la autorización, por parte de las empresas de tarjetas de crédito, del pago de apuestas relacionadas a estos juegos. La pena también será aplicada, conforme al proyecto, a quienes garanticen el acceso a estos juegos en cualquier parte del territorio nacional.

En su justificación, Garibaldi explica que la legislación penal debe ser actualizada, a la vez que prevé la hipótesis de explotación online de juegos ilícitos. “La Ley de las Contravenciones Penales (Decreto-Ley 3.688/41) –asegura Garibaldi- considera crimen a la explotación de juegos de azar en lugares públicos o accesibles al público, mediante pago de entrada o similar".

La propuesta de Magno Malta prohíbe a las tarjetas de crédito autorizar operaciones de crédito o débito por medio de Internet para participar en juegos ilícitos y prohíbe las operaciones de compra o alquiler de filmes, textos, fotografías y otros bienes o servicios ofrecidos por sites que pongan a disposición material que incluya la participación de menores de 18 años.

Los proyectos esperan la designación del relator de la Comisión de Ciencia y Tecnología (CCT). Posteriormente, serán examinados por las comisiones de Asuntos Económicos (CAE) y de Constitucionalidad, Justiçia y Ciudadanía (CCJ), dónde encontrará decisión final.

 

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