En dicho texto se indica "el total rechazo a la situación fiscal y tributaria que sufren las empresas de bingo, en todas y cada una de las Comunidades Autónomas, y que pone en peligro la pervivencia de las mismas, los puestos de trabajo tanto directos como indirectos y la propia recaudación por parte de las Administraciones con competencia en la materia".
Se solicita, por tanto, "una bajada sustancial de la tasa de juego, que deje la misma a los niveles establecidos que tenía cuando se despenalizó el juego, en el año 1977, es decir, un 15%, o se acuda a parámetros que no excedan del 20%". Al mismo tiempo el Observatorio estima que "la medida propiciara de forma inmediata un incremento del margen empresarial que alimenta a las empresas y un aumento de los premios, lo que beneficiará a los jugadores haciendo que el circulante de dinero sea mayor, lo que provocará un incremento de recaudación por parte de la Administración".
También se abordó la situación de Andalucía, haciendo un llamamiento al Gobierno de la Junta para que recupere los parámetros fiscales con anterioridad al año 2000 en el que se establece el impuesto sobre el bingo. Se comparte por los miembros del Observatorio "la necesidad de que la Administración promueva las disposiciones que establezcan una fiscalidad nueva para los juegos en prueba que se implanten en las salas andaluzas, en desarrollo del Decreto 280/2009, de 23 de junio, que aprueba el Catálogo de Juegos y apuestas de Andalucía".
El manifiesto fue firmado por Miguel Ángel Rodriguez, Enrique Cavada y Bernardo García deCHTJ-UGT; Pilar Rato de FECOHT-CCOO; Nuria Ayuso de USO y Rafael Domínguez de CEJ.