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27 de Octubre de 2021

España

Izquierda Unida pide al Defensor del Pueblo que recurra en el Tribunal Constitucional la Ley de Ocio de Aragón

(España).- Izquierda Unida (IU) ha pedido al Defensor del Pueblo que recurra ante el Tribunal Constitucional la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad -creada para construir el macroproyecto Gran Scala-, al entender que vulnera la Carta Magna y diversas leyes aragonesas, además de arrebatar competencias a los ayuntamientos.

E

l coordinador general de IU, Cayo Lara, y el coordinador de la formación en Aragón, Adolfo Barrena, han trasladado su petición a Enrique Múgica en una reunión en la que han encontrado al Defensor del Pueblo receptivo e interesado por el proyecto, según han comentado.

 

De hecho, ambos han destacado la rapidez de esta institución en atenderles, puesto que hace sólo cinco días que entró en vigor la nueva Ley de Ocio de Aragón, que permitirá construir el complejo de casinos, hoteles y parques temáticos Gran Scala, proyectado en Ontiñena (Huesca).

 

Barrena ha explicado, minutos antes del encuentro con Múgica, que IU se ha opuesto a la construcción de este "Guantánamo del juego" en Aragón al entender que el proyecto viene precedido por un gran "oscurantismo" y una dudosa solvencia económica.

 

Además, ha remarcado, la Ley aprobada el pasado 25 de junio por las Cortes de Aragón (con los votos a favor del PSOE y PAR) es una norma "a la carta" con "clarísimos elementos inconstitucionales", que vulnera "unas ocho leyes aragonesas" y "rompe el principio de actuación equilibrada de las administraciones públicas".

 

Concretamente, esta ley permite, entre otras cosas, "poner al servicio del interés privado el derecho de expropiación" de terrenos, que, de acuerdo con la Constitución, sólo se puede llevar a cabo cuando hay un interés social tras el proyecto para el que se expropia.

 

También se vulneran, bajo su punto de vista, las competencias de los ayuntamientos, puesto que la ley permite crear un consorcio que asumiría competencias como la concesión de licencias de obras, autorizaciones para la apertura de hoteles y demás establecimientos, control sanitario y de consumo o inspecciones, labores que deben realizar los municipios.

 

Una ley de estas características, creada, a juicio de Barrena, "a la carta" para favorecer un proyecto empresarial es algo más propio de un Gobierno "bananero" que de un Ejecutivo democrático.

 

Por su parte, Cayo Lara ha resaltado que si se pretender impulsar un modelo de desarrollo sostenible para paliar la crisis, no es coherente legislar para "montar fábricas de futuros ludópatas", puesto que los casinos "crean riqueza para algunos y la ruina absoluta de otros".

 

También ha señalado que no sólo se trata de una ley "injusta e innecesaria para Aragón", sino de un proyecto que "no genera desarrollo", sino sólo "elementos negativos" para esta comunidad.
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