Edición Latinoamérica
20 de Septiembre de 2021

Izquierda Unida, en desacuerdo, acudirá al Tribunal Constitucional

Entró en vigencia la Ley de Gran Scala

(España).- La Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, que permitirá la instalación de Gran Scala en la Comunidad aragonesa, entró en vigor el viernes al publicarse en el Boletín Oficial de Aragón (BOA).

S

u entrada en vigor, además, permitirá que la Chunta Aragonesa (CHA) e Izquierda Unida (IU) pongan en marcha sus iniciativas para presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC). El portavoz de IU, Adolfo Barrena, explicó que su formación tiene preparada toda la documentación para acudir al Defensor del Pueblo y pedirle que presente un recurso de inconstitucionalidad, a falta de que la ley esté publicada. En este sentido, se refirió al retraso que lleva y recordó que hubo una norma que se aprobó en las Cortes y luego nunca entró en vigor.

El portavoz de la Presidencia de IU, Alvaro Sanz, insistió en que este es "un proyecto ilegal que se ha intentado meter con calzador, pero que está teniendo un dudoso encaje". Por eso, justificó que su formación lleve al TC el texto "para que analice si es lícito tener un marco normativo que permita tener guantánamos a gran escala". Además, exigieron que la DGA entregue los informes jurídicos negativos sobre el proyecto, que "se han negado a la oposición".

Sanz anunció que la ofensiva política, judicial e institucional que ha iniciado IU va a continuar con propuestas en los ayuntamientos de Aragón. El primero en el que se materializará será el de Zaragoza, el próximo pleno del día 24, a través de una moción que pretende recabar apoyos para que el Ayuntamiento de la capital aragonesa presente ante el Defensor del Pueblo una queja por esta ley y le solicite que interponga un recurso de inconstitucionalidad. Todo en un plazo máximo de 15 días.

El portavoz municipal, José Manuel Alonso, consideró que puede salir adelante, puesto que los tres grupos de la oposición municipal suman mayoría. No obstante, planteó sus dudas respecto a la posición de los populares, que apoyaron algunos de los artículos de la ley en las Cortes. En cualquier caso, justificó que la ley de Gran Scala "invade competencias" puesto que la figura del consorcio asume funciones de los ayuntamientos, como el otorgamiento de licencias.

Por otro lado, fuentes de los promotores del macroproyecto de Gran Scala, ILD, aseguraron desconocer el texto y estar a la espera de los detalles para empezar a preparar la documentación necesaria.

La ley, con muchas cortapisas, establece las condiciones mínimas para este tipo de instalaciones: más de 3.000 puestos de trabajo directos, una superficie no inferior a mil hectáreas y 8.000 plazas hoteleras. La tramitación del complejo será ardua y larga y podría demorarse más de un año. Los promotores, además, tendrán que tener el 90% del suelo comprometido (el 10% restante lo podrá expropiar la DGA) y presentar un aval de tres millones de euros para empezar a tramitar el proyecto. Este quedará revocado por otro de seis millones cuando se autorice y comience el desarrollo urbanístico.

No obstante, la norma está rodeada de dudas de constitucionalidad, como han puesto de manifiesto sendos informes de los servicios jurídicos de la DGA y de las Cortes. Todos coinciden en la posible vulneración del principio de seguridad jurídica al crear una normativa específica en una zona, que difiere de la vigente en el resto de Aragón.

¿Cuál es tu opinión sobre la nota?
  • Me gusta
    %
    0 votos
  • No lo he pensado
    %
    0 votos
  • No me gusta
    %
    0 votos
Deje un comentario
Suscripción al Newsletter
Suscríbete para recibir las últimas novedades
Ingrese una cuenta de email válida
Complete el captcha
Muchas gracias por haberte registrado a nuestro newsletter.
Seguinos en Facebook