Jaume Riera, uno de los socios catalanes del consorcio, aseguró que la intención es cumplir la ley con "escrupulosidad".
Para Riera, la aprobación de la ley marca "un antes y un después" en el proyecto del complejo de casinos, puesto que la ausencia de un marco jurídico específico representaba, junto a la falta de los terrenos, una de los principales "cortapisas".