Edición Latinoamérica
22 de Septiembre de 2019

Ubicado en el Hotel Four Points by Sheraton de Panamá

De no abrir su puertas al 15 de abril, Princess Casino cancelaría sus operaciones

(Panamá).- La empresa Princess Entertainment Panamá advierte que si Princess Casino no abre sus puertas al público antes del próximo 15 de abril tendrán que desistir en iniciar operaciones, dijo el abogado de la empresa, Roy Matthysse. "No hay con qué pagar a los empleados", sustentó. Actualmente tienen contratadas a 120 personas.

S

egún el abogado, Princess Casino, que está ubicado en el Hotel Four Points by Sheraton, dijo que la empresa ha cumplido con todos los trámites legales y técnicos. Sin embargo, el obstáculo radica en que la Contraloría General de la República no ha emitido el refrendo, puesto que se mantiene en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un proceso de clarificación que interpuso la Asociación de Administradores de Juegos de Azar (ASAJA).

 

Pero este conflicto viene desarrollándose desde el 28 de abril de 2008, cuando ASAJA interpuso una demanda por ilegalidad a la autorización que dio el pleno de la Junta de Control de Juego (JCJ) a Princess Casino alegando que el hotel no contaba con los requisitos que exige la ley para tener un casino en sus instalaciones.

 

Matthysse explicó que en ese entonces la CSJ sentenció a favor de la empresa, pero ahora la Contraloría prefiere esperar a que salga la aclaración de sentencia, antes de dar el permiso.

 

La inversión de Princess Casino asciende a 15 millones de dólares y empezó a gestarse desde hace nueve años.

 

"Somos inversionistas extranjeros que creemos en Panamá y hemos invertido con nuestros propios fondos, sin crédito bancario", dijo Sudi Ozkan, presidente de la empresa. Además del polémico casino, esta empresa mantiene otras inversiones por los 50 millones de dólares.

 

Princess Casino tiene previsto operar con 480 tragamonedas y 26 meses de juego. La inversión en la infraestructura asciende a 15 millones de dólares. En abril de 2008, ASAJA interpuso una demanda por ilegalidad en la autorización de la Junta de Control de Juegos.
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