La administración del intendente Ricardo Ehrlich también estudia ampliar el contrato que mantiene con la empresa ICM, que opera 50 slots en el Parque Hotel, permitiéndole duplicar su número de máquinas en esa sala de juegos.
ICM fue la única de las empresas que no fue sancionada por la Justicia de Aduanas, que hace dos semanas confiscó unas 200 máquinas del Parque Hotel y el Casino Carrasco, recientemente cerrado por la Intendencia.
Con respecto a las firmas a las que se les confiscaron slots, la Intendencia no descarta iniciar una demanda por daños y perjuicios, según comunicaron en la Junta Departamental el prosecretario de la Intendencia, Jorge Rodríguez, el director de Recursos Financieros, Enrique Cabrera, y el gerente de Casinos Municipales, Hugo Gandoglia.
Los jerarcas dejaron en claro que la Intendencia prepara una nueva licitación para gestionar la sala de juego de un modo diferente, aunque no quisieron adelantar si la Intendencia arrendará slots, los comprará, o entregará en concesión el juego a un nuevo privado.
Según ediles blancos y colorados, la incautación afectó al 35% de las máquinas del Parque Hotel.
Del Hotel Casino Carrasco, en tanto, la Justicia retiró 55 slots pertenecientes a la empresa Carmitel.
"Las respuestas que recibimos confirman que la administración de los casinos continúa siendo una debacle. Esto nos va empujando, irremediablemente, a una nueva interpelación del intendente por la cuestión de los casinos", dijo el edil nacionalista Álvaro Viviano.
"La Intendencia nunca controló los slots y todavía no tiene decidido qué hacer, lo que habla claramente de una falta de previsión notable referente a cómo va a gestionar el hotel de aquí en más", añadió el legislador departamental.
Los jerarcas municipales dieron a entender también que el traslado del casino, del Parque Hotel a la Casa de Andalucía, no se hará a partir del 1° de septiembre, como estaba previsto.
"Estamos muy lejos de que el casino pase a funcionar a plenitud y en la dimensión que tiene el Parque Hotel. No va a ser posible que la Intendencia cumpla con los plazos que la Cancillería le impuso de entregar el Parque Hotel en septiembre. No están ni cerca de empezar las obras, recién están con los estudios previos", se quejó el edil Viviano.
Para trasladar el casino a la Casa de Andalucía, la Intendencia tuvo que desalojar al concesionario que operaba desde hacía años ese local comercial. Los espacios liberados en el Parque Hotel servirán para albergar la sede del Parlamento del Mercosur (Parlasur).
Viviano cuestionó a la administración por recaudar durante años utilizando slots que ingresaron al país en infracción aduanera.
"Son máquinas que llegaron durante una gestión municipal que es investigada por la Justicia Penal y la Junta Departamental. Hay muchas cosas graves. ¿Quién autorizó a que esas maquinas ingresaran a los Casinos Municipales?", se preguntó el edil nacionalista.
Estos slots, que operan desde 2003, cuando el director de los Casinos Municipales era Juan Carlos Bengoa -hoy en prisión-, generaron un duro enfrentamiento entre el ex juez de Aduanas Gustavo Pini y el director Nacional de Aduanas, Ricardo Prato.
En febrero, Pini denunció penalmente a Prato por considerar que le ocultó información sobre los slots que funcionaban en los casinos. Luego, la fiscal Mónica Ferrero pidió el archivo del expediente, por entender que cuando se hizo la denuncia, el jerarca de Aduanas aún estaba a tiempo de presentar la información requerida.
El procedimiento de la Justicia de Aduanas abarcó a 35 tragamonedas de la empresa Disaro, 10 de Libretol, 4 de Metalfinish, 10 de Otor, 15 de Macale, 5 de Folway, 1 de Famostar, 30 de Flippers Andes (más una máquina con 12 terminales), 10 de Borelco y 20 de Sorvas. También se incautaron 55 máquinas que permanecían en el recientemente cerrado casino Carrasco, pertenecientes a la empresa Carmitel.
Muchos de los contratos de la Intendencia con estas empresas (algunas de las cuales sonaron fuerte durante el juicio penal a Juan Carlos Bengoa), vencen este año. Los slots habían sido contratados por la Intendencia durante la gestión del jerarca procesado. Y la Justicia comprobó que los contratos se hicieron cuando no se habían terminado los trámites de importación ante las autoridades aduaneras.