El proyecto de ley vigilará especialmente que los promotores permanezcan en el proyecto hasta el final y que no haya compraventas especulativas. Establecerá además unos mínimos de tamaño, puestos de trabajo y plazas hoteleras que tendrán que cumplir quienes quieran acogerse a esta ley, según publica El Periódico de Aragón.
El texto será aprobado mañana por el Consejo de Gobierno. Los preceptos establecidos pueden cambiar durante la tramitación parlamentaria, pero fija una serie de garantías, entre ellas la determinación del capital social que deben tener los promotores de un centro de ocio de alta capacidad, que el texto fija inicialmente en 10 millones de euros, y la exigencia de que depositen un aval. El capital social de ILD era notablemente inferior a esa cantidad, aunque la empresa anunció el año pasado ampliaciones del mismo.
Otra de las exigencias es tener como mínimo 1.000 hectáreas, generar 3.000 empleos y ofertar 8.000 plazas hoteleras. La ley regulará desde el horario (que será específico para estas instalaciones) hasta el hecho de que las máquinas de juego sean comprensibles en dos idiomas.
Esta ley es necesaria para que ILD pueda avanzar en su pretensión de construir Gran Scala, después de haber firmado decenas de opciones de compra de suelo en Ontiñena por cerca de mil hectáreas.