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12 de Junio de 2021

Al igual que la venta de lotería por Internet o telefonía móvil

España: anulan el decreto que creó el bingo electrónico de Cataluña

(España).- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado un decreto del gobierno catalán aprobado justo al final del mandato del presidente Pasqual Maragall, por el que se creó el Binjocs, un bingo electrónico impulsado desde el departamento de Interior, entonces en manos de Montserrat Tura.

L

a sentencia, con fecha de 25 de febrero de 2009, se suma a otra sentencia también del TSJC, que anulaba un decreto de la misma época emitido por el gobierno de Maragall por el que se permitía la venta de lotería de la Generalitat a través de Internet o de la telefonía móvil.

La sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC, en este caso, ha estimado el recurso de la Asociación Catalana de Operadores Recreativos del Juego contra el decreto que creó la lotería Binjocs, por haberse vulnerado el derecho de audiencia de los interesados en la elaboración de la iniciativa.

Este decreto, aprobado por el Govern el 3 de octubre de 2006, fue duramente criticado desde la oposición, al ser impulsado menos de un mes antes de las elecciones catalanas que pusieron fin al primer gobierno tripartito, cuando el Parlamento catalán ya estaba disuelto, sin posibilidad de debatir la iniciativa.

CiU llegó a denunciar que Binjocs, que se comercializa en las salas de bingo y salones recreativos, era la terminal de loterías de la Generalitat más agresiva, con premios más suculentos -de hasta 30.000 euros- y muy similar a las máquinas tragamonedas.

La sentencia del TSJC anula el decreto del Binjocs puesto que vulnera el derecho de audiencia y no se ajusta, así, al artículo 105 de la Constitución, que se refiere precisamente a la "audiencia de los ciudadanos directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten".

Según la sentencia, el borrador del decreto elaborado desde la Entidad de Juegos y Apuestas de la Generalitat "no se sometió ni a la audiencia de las entidades interesadas ni tampoco a información pública".

Incluso la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat alertó de este defecto de procedimiento y recordó el "carácter preceptivo de la participación de los ciudadanos y las asociaciones afectadas".

El departamento de Interior convocó entonces para el 26 de septiembre de 2006, una reunión extraordinaria de la Mesa Técnica del Juego, integrada por la administración y por representantes del juego privado, a fin de cumplir el trámite de audiencia requerido.

Sin embargo, según el TSJC, "esta reunión no subsanó la omisión de audiencia", por lo que el decreto debe quedar anulado.

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