"La obligación primera del Estado es proteger la salud integral de sus habitantes y se debe considerar el juego compulsivo como un problema de salud pública", dice en los fundamentos del proyecto.
"Entiendo que la instalación y funcionamiento de cajeros automáticos o máquinas similares dentro de los recintos donde se desarrollan estas actividades, resultan potencialmente nocivas para la salud de los usuarios", escribió Amoroso.
El proyecto establece en su artículo 1° la prohibición de instalar cajeros automáticos en la salas de juego y, en su artículo 2°, la obligación del Poder Ejecutivo de hacer retirar las existentes en un plazo máximo de 60 días contados desde la fecha de sanción de la ley.
La adicción al juego, conocida como ludopatía es reconocida como un trastorno mental por la Organización Mundial de la Salud desde 1992.
La bancarización del pago de salarios, que actualmente alcanza a la mayor parte de los empleados del sector privado y del sector público es considerado como un agravante, que aumenta la necesidad de retirar los cajeros de las salas de juego.
Según el diputado, la presencia de cajeros en el ámbito donde se hacen las apuestas "contribuye, casi de manera determinante, a disparar el deseo, patológico o no, de seguir apostando cuando el jugador se queda sin dinero en sus bolsillos, o en los de las personas que lo acompañan. Todo ello muchas veces a costa del equilibrio de la economía del apostador y de su familia".
En la Ciudad hay dos casinos flotantes en Puerto Madero y funciona una importante sala de máquinas tragamonedas en el Hipódromo Argentino. Además funcionan cinco bingos (Lavalle, Belgrano, Flores, Caballito y Congreso).