Mauricio Ortiz abogado del apoderado legal de Lotex S.A., Rómulo Estívariz, afirmó que ambos ex empleados recurren a chicanas judiciales para evitar el juicio, quienes fueron destituidos en enero pasado de la Lotería por no cumplir con el perfil profesional requerido.
Ortiz dijo que ambos procesados no tienen el ánimo de conciliar con esta empresa de juegos, por lo que mediante resolución judicial les conminarán a presentar en diez días las pruebas que respalden sus denuncias contra Lotex para comenzar el juicio penal. “Las acusaciones efectuadas por ambos señores en diferentes medios de comunicación escrita, oral y televisiva han generado un severo daño a los intereses de la Empresa Lotex y a Lotería, pues cada mes esta empresa de juegos paga 380.000, pese a que sólo tiene el 20 por ciento de todo el mercado de juegos para adultos”, dijo Ortiz.
El abogado recordó que las auditorías especiales y los informes legales realizados por la Contraloría General de la República a la empresa Lotex descartaron daño económico al Estado y ratificaron el cumplimiento del pago del aporte del 15 por ciento establecido en el contrato suscrito con la Lotería en septiembre de 2002.
El ex encargado de Causa Penal y juez sumariante de Lonabol Mauricio Chiri y el ex responsable de Fiscalización de la entidad en la regional Santa Cruz Jorge Linares denunciaron que la Lotería “omite” desde hace seis años el cobro de los montos de pago que corresponden por impuestos y porcentajes a la empresa Lotex. Según Chiri la Lotería debería percibir un poco más de un millón de dólares anualmente por el ingreso bruto de las ganancias totales de Lotex, no obstante, la Contraloría General de la República estableció, mediante auditoría especial el año 2007, que esa empresa de juegos cumple con los pagos del canon del contrato suscrito con Lonabol, al establecer que no existe daño económico al Estado.
En la actualidad, la empresa Lotex aporta a la Lotería un promedio de 380.000 dólares mensuales, que equivale al 15 por ciento de los ingresos brutos que percibe esa empresa de juegos, que es el monto mayor al monto mínimo establecido en el contrato, por el funcionamiento de 14 salones de juego donde funcionan 1.482 tragamonedas.
En tanto que la empresa de juegos Corhat, la otra más grande del país, sólo paga al Estado 43.800 dólares al mes por el funcionamiento de 1.958 máquinas tragamonedas y el funcionamiento de más de 120 salones de juegos en el país.