Los levantadores de apuestas nucleados en la Rama de Quinieleros del Sindicato Nacional de Vendedores Ambulantes amenazaron el domingo con comenzar a cortar rutas y marchar a la Gobernación provincial si no se legaliza su actividad, que permitiría a 120 mil bonaerenses contar con aportes previsionales y obra social.
En respuesta, la Federación Argentina de Cámaras y Asociaciones de Loterías, Quinielas y Afines (FACALQA) –que nuclea a los agencieros oficiales- se emitió un comunicado instando a las autoridades nacionales y provinciales a “no ceder ante el chantaje de quienes toda su vida han actuado en forma marginal”.
El presidente de FACALQA, Heriberto Castellaneta, ratificó su oposición “a cualquier arreglo que se pueda llevar a cabo entre los entes oficiales y los sectores que operan al margen de la ley”, a la vez que confió en que las autoridades “sabrán dispensar el lugar que le corresponde a este grupete que a base de engaños quiere legitimar una actividad ilegal”.
Tras las críticas, los quinieleros clandestinos redoblaron la apuesta y desafiaron a los agencieros a un debate público. “Lo invito a este señor a debatir cuando quiera, que ponga fecha y lugar” dijo el titular de la Rama de Quinieleros, Guillermo Salvatierra. “Queremos dar un debate de cara a la gente común, la que le abre la puerta de su casa al levantador, para que sepa cómo son las cosas. Esta situación existe, no lo inventamos nosotros. Hay 120 mil trabajadores que deben ser regularizados” sostuvo Salvatierra.
“Hay que dejar de ser hipócritas. Todos saben que las apuestas clandestinas existen y es la fuente de ingreso de miles de familias”, indicó el dirigente gremial.
Los quinieleros clandestinos aseguran que si se legalizan las apuestas clandestinas, los trabajadores informales podrán ingresar al Estado “cerca de 300 millones de pesos (U$S 87.060.490) anuales”.