Quintero acudió a la sede de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, donde fue interpelado por la subcomisión que investiga un supuesto fraude cometido por la Lotería del Zulia al fisco nacional por BsF 18 millones (U$S 8.414.164). Esa misma instancia también entrevistó a Lorena Petit, presidenta del Instituto Renta de Beneficencia Pública y Asistencia Social del estado Zulia (Lotería).
Petit explicó que el organismo que encabeza nació en enero de 2007, tras la liquidación de la antigua Renta de Beneficencia Pública, cumpliendo con lo establecido en la Ley Nacional de Lotería, sancionada por la AN el 22 de agosto de 2006.
La extinta Renta trabajó con la operadora Alfa Lotery, mientras que el Instituto firmó con una nueva compañía: Playtex. Petit explicó que la denuncia presentada por el legislador Mario Isea atañe a Alfa Lotery, con la cual la Lotería del Zulia no mantiene ninguna relación.
"Esa empresa (Alfa Lotery) debe arreglarse con el Seniat, si se comprueba que existe evasión fiscal", añadió la funcionaria. De hecho, esa corporación demandó la nulidad de los reparos hechos por el Seniat ante el tribunal contencioso-administrativo del Zulia. La Procuraduría regional fue notificada de este proceso en octubre pasado.
Los voceros del chavismo han afirmado que en la junta directiva de Playtex se repiten los nombres de los dueños de Alfa Lotery. Petit respondió que la coincidencia se reducía a una sola persona. "Conalot sugirió que cambiáramos a ese ciudadano y así se hizo. Luego, Conalot no impidió que trabajáramos con esa operadora y todo lo que hacemos es revisado y autorizado por ese organismo del Ejecutivo nacional", aclaró.
Julio Moreno, presidente de la Comisión de Contraloría, anunció que se trasladarán a Maracaibo los días 9, 10 y 11 de noviembre para continuar con las pesquisas. Allá dialogarán con Di Martino y el contralor regional, que ayer no compareció aunque estaba invitado.
La Lotería del Zulia, el Seniat y la Conalot han emprendido jornadas conjuntas para regularizar a los comercializadores.
Los juristas Carmen Romero y José Gregorio Ramones, miembros del grupo "Abogados patriotas", visitaron el Tribunal Supremo de Justicia para solicitar que se abra un antejuicio de mérito contra el gobernador Manuel Rosales, por presuntos hechos de corrupción. Al preguntarles por qué se acercaron al TSJ, en lugar de acudir al Ministerio Público, que según la ley es el único órgano facultado para estos menesteres, Romero y Ramones contestaron: "Desde 2004 la Fiscalía tiene un expediente, que le remitió la Contraloría, y no ha tenido a bien impulsar la acción penal". Entonces, los "abogados patriotas" desean llenar el vacío dejado por el despacho de Luisa Ortega Díaz para defender a "nuestro hermoso pueblo".
Romero y Ramones indicaron que sobre Rosales pesan "denuncias por enriquecimiento ilícito y daño al patrimonio público, entre otras".