El pasado lunes, el Gobierno recibió una notificación en la que le informaban que la jueza Arrabal había hecho lugar a una medida cautelar presentada por tres empleados de la sala de juego provincial. La misma obligaba al Ejecutivo a dejar sin efecto el decreto 2.711 del 3 de octubre, a través del cual autorizó la habilitación del casino.
Frente a esta notificación, y para acatar la misma, el Gobierno preparó un nuevo decreto para dejar sin efecto el anterior, que daba el permiso de habilitación a la empresa CELA SA. Pero al día siguiente por la mañana llegó una nueva notificación, en la cual se explicitaba que la magistrada había diferido la medida anterior, es decir, dejaba en suspenso cualquier actuación por unos días, hasta estudiar el tema y tomar una decisión. Frente a la nueva notificación, el Gobierno envió una nota al juzgado para que clarificara cómo debía actuar.
El Ejecutivo recibirá la respuesta hoy, ya que desde la oficina de la jueza confirmaron que sería cuando se contestará al pedido de aclaratoria.
El pasado miércoles, el Ejecutivo recibió una nueva notificación, esta vez de la Justicia local. El 22º Juzgado Civil, Comercial y Minas hizo lugar a una medida de no innovar presentada por CELA SA, que prohíbe al Estado realizar cualquier acción hasta tanto exista una sentencia firme. Pero esta medida sólo tiene validez en la órbita provincial.