España: entidades sociales muestran su desacuerdo con el proyecto Gran Scala

La intención es “hacer visible” un mensaje “conjunto y sin protagonismos” de negativa rotunda al proyecto y a cualquier modelo de desarrollo similar, pues los firmantes consideran que en su campo de actuación hay motivos para oponerse a Gran Scala, ha explicado en una rueda de prensa el secretario general de Cáritas Diocesana de Zaragoza, Carlos Piñeyroa.

Piñeyroa también ha lamentado que haya empezado un “mercadeo” por parte de ayuntamientos y comarcas para quedarse con el negocio sin enjuiciar aspectos importantes como su ética, posibilidades económicas, incidencia social o laboral.

El documento divide la negativa a Gran Scala en seis bloques: aspectos jurídicos, campo económico y laboral, ámbito social, consecuencias medioambientales, ordenación del territorio y participación ciudadana.

Gran Scala supone renunciar a los criterios de sostenibilidad y equilibrio en la ordenación del territorio, pues requerirá una inversión pública en infraestructuras y comunicaciones que exigirá recursos necesarios para otros usos en Aragón, ha explicado Piñeyroa.

El empleo generado por este tipo de negocio es precario, temporal y no genera valor añadido como la investigación y el desarrollo, ha afirmado el secretario general de Cáritas, quien también ha advertido de que el modelo económico del complejo será cerrado, es decir, se autoabastecerá y no generará efectos beneficiosos en las comarcas colindantes.

De los aspectos sociales y jurídicos ha hablado el director terapéutico de la Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación (AZAJER), José Vicente Marín, quien ha recordado que el proyecto lleva implícito un cambio de leyes y de fiscalidad, ya que “le guste o no al señor (José Ángel) Biel, con las leyes actuales no se puede realizar”.

En este sentido ha mostrado su preocupación por promover un cambio de leyes en beneficio de instancias particulares y ha hablado de los costos sociales de la instalación de casinos, como la aparición de adicciones, prostitución, delitos y accidentes en los desplazamientos.

Marín también ha hablado de los 32 hoteles-casino que habrá en el complejo, que no encajan con el ocio teóricamente familiar que ofrecía el proyecto, pues en ellos no están diferenciadas las zonas propias de juego, algo que supone un modelo negativo para la educación y el crecimiento de los niños y que es un riesgo para el 15 por ciento de la población laboral aragonesa, que tiene problemas con el juego.

Ni este proyecto ni el Gobierno de Aragón garantizan la adecuada protección de jóvenes y niños, ya que se avalan e impulsan valores y actitudes inadecuadas y en contradicción con los que la familia, la escuela y el propio gobierno proponen, como el esfuerzo, el ahorro y la solidaridad, ha concluido.

El portavoz de la plataforma ciudadana Stop Gran Scala, Francisco Iturbe, ha hablado sobre el impacto medioambiental y la insostenibilidad del complejo, que supondrá “construir una ciudad de 100.000 habitantes en un lugar donde en este momento no hay nada”.

Así, ha recordado que, pese a que Gran Scala se construirá en terrenos no protegidos, las infraestructuras necesarias y los residuos que genere supondrán la construcción de carreteras que tendrán que pasar por espacios preservados.

También ha explicado que los desplazamientos de visitantes y trabajadores y la gran cantidad de luces que se utilizarán supondrán un derroche de energía que lo convertirán en el paradigma de lo que no se debe hacer según el protocolo de Kioto.

Además, la gran exigencia de agua de las instalaciones proyectadas pondrá a Gran Scala en contradicción con la Carta de Zaragoza lanzada con motivo de la Exposición Internacional recientemente celebrada en Zaragoza, ha añadido.

Iturbe también ha lamentado la poca participación ciudadana en un proyecto que, como sus propios promotores reconocen, va a cambiar por completo Aragón y que acabará con todos sus recursos y valores sociales.