Todos esos argumentos fueron descartados por el Tribunal que determinó que el Municipio procedió según las normas legales puesto que la empresa Futurama no cuenta con autorización de Lotería Nacional para su funcionamiento, además de que prestó una declaración falsificada sobre la actividad a la que se iba a dedicar y que reabrieron sus puertas violentando los precintos de clausura que habían sido colocados por el Muncipio.
Tras la determinación, el director de Protección al Consumidor del Municipio, Gary Prado, expresó su complacencia por la decisión que calificó de "trascendental" por el hecho de que la Justicia haya dado un respaldo al Gobierno Municipal.
El recurso de Amparo Constitucional fue presentado por la titular de Futurama Pilar Huaquisto de Miranda contra el alcalde Percy Fernández, el presidente del Concejo Municipal Enrique Landívar y contra Lotería Nacional de Bolivia (Lonabol). Con los dos votos coincidentes de los dos vocales, la presidenta del Tribunal decidió que el Municipio tiene toda competencia de clausurar las casas de juego ilegales que estén en su jurisdicción; que no se vulneró el respeto al debido proceso ni el derecho al trabajo; que Futurama no tiene el correcto registro Nacional ni Municipal para su funcionamiento, según las actividades a las que se dedican, pues no funcionaban como snack, centro de espectáculos y otros, siendo que en sus locales existían juegos de azar y todo tipo de apuestas.
"No tienen la autorización para su funcionamiento que extiende el Ministerio de Salud a través de Lotería Nacional; no ha habido violación que haya realizado al HAM, que se basó en la declaración jurada de la empresa Futurama para solicitar licencia de funcionamiento, por lo tanto no se abre ámbito de tutela de Amparo Constitucional mientras no tenga autorización de las debidas instituciones", determinó la presidenta del Tribunal.
Según el abogado Antonio Rivas, la empresa Futurama Gaiming Electronics S.R.L., "ha actuado de mala fe, engañando al municipio en la declaración jurada firmada por Pila Huaquisto. En la declaración sobre su actividad, Futurama indica que en sus serían bares temáticos con referencia a caballos, pero en ningún momento explican que se realizarían apuestas de carreras de equinos", indicó Rivas.
Ante la Alcaldía presentaron una declaración jurada de que iban a prestar servicios de snack, televideo, teleprogresivos, telehipódromo, máquinas de videos (rockolas), pero sin embargo habían juegos recreativos para adultos, bingos, casino, tragamonedas y concesión de pago de apuestas hípicas.
Además, en la constitución de sociedad de Futurama, indican que sus actividades se centrarán en salón de baile, centro de espectáculos, actividades culturales, bingo, apuestas, juegos de azar y otros, según Rivas, puesto que tenían 60 máquinas de juegos de azar que fueron decomisadas de sus locales ubicados en la avenida Cañoto y en la calle 21 de Mayo.
El director de Protección al Consumidor, Gary Prado calificó como "trascendental" el hecho de que la justicia boliviana dé un respaldo al Gobierno.
"Es una decisión favorable al Municipio porque de todas las salas de juegos que hemos clausurado, estas dos (las de Futurama) eran las más ilegales, porque falsificaban documentos y evadían tributos al Municipio y a Lotería Nacional", sentenció Prado. Agregó que la "cabecera de playa" de Futurama es Rosenberg "el campeón de los Amparos Constitucionales en su país (Perú) y hemos logrado derrotarlo". Además indicó que toda casa ilegal no debe funcionar "para preservar la moral, la niñez y la economía del Municipio".
Por su parte, el abogado de Futurama Gaiming Electronics S.R.L., Jorge Canedo, adelantó que presentarán otros recursos "en base a pruebas que no hemos tomado en cuenta porque la decisión del Tribunal no es palabra muerta".