La Justicia panameña admitió el amparo presentado por ASAJA

ASAJA advirtió a la JCJ que se opondría a cualquier aprobación que no cumpla con la ley. Ahora, la presidenta del pleno tendrá que explicar la aprobación otorgada en una reunión poco convencional (como una continuación de la reunión formal del día anterior), siendo el tema más importante de dicha reunión y, en efecto, el más importante de los que la JCJ atiende. Esto no habría dado como un punto del orden del día, si no como un punto en Asuntos Varios.

También deberá explicar la presidenta del pleno el porqué habiendo varias solicitudes de licencia pendientes por autorizar, las demás -que no tienen objeción pues cumplen con la ley- se mantienen estancadas, mientras esta ha sido manejada de manera expedita en relación con las otras.

ASAJA también ha interpuesto ante la Junta de Control de Juegos y el Consejo de Seguridad Nacional varias solicitudes para que le entreguen la información referente a la forma en que esta solicitud ha sido manejada, y que expliquen el porqué esta si ha logrado las aprobaciones que se requieren, cuando las demás se encuentran en el “congelador”.

De no recibirse respuesta en los 60 días que la ley permite para el envío de la información, fuentes confiables señalaron que ASAJA nuevamente acudirá a la Corte Suprema de Justicia para que obligue a la entrega de la información, crucial para demostrar la poca transparencia y el posible tráfico de influencias que en esta autorización se ha podido dar.

Por lo pronto, la admisión del amparo por parte de la Corte Suprema de Justicia, suspende los trámites que faltan para completar la autorización de la licencia y que el casino, que ya está montado y listo para abrir, por lo pronto, no pueda hacerlo.

Fuentes consultadas en ASAJA y entre los operadores en Panamá señalaron que confían en que “se cumpla con la ley, de forma que la seriedad que Panamá y su industria tienen, no sea perjudicada por esta pretensión de autorizar casinos que no cumplen con las exigencias de la ley, lo que también podría crear un precedente, y ponerle ‘precio político' a las licencias”.