ara cuadrar el presupuesto del año fiscal 2008-2009 con 500 millones de dólares, el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá ha propuesto convertir el Negociado de Lotería en una corporación regida por una junta compuesta de tres representantes del gobierno y dos del sector privado, y que tendría la potestad de establecer acuerdos de administración con una compañía privada.
"La privatización no es la solución. La lotería no se puede vender a precio de liquidación, con tal de resolver, a última hora, y a cuenta del sustento de miles de trabajadores, un asunto (el presupuesto) que se perfilaba desde hace mucho tiempo", enfatizó Lourdes Grau Morales, presidenta de la Unión del Negociado de las Loterías, durante una vista pública de la Comisión Cameral de Hacienda.
En tanto, Pedro Malavé, presidente electo del CUD, se manifestó sorprendido porque, pese a las repercusiones en los aspectos laborales y las operacionales de la lotería, no se tomó en cuenta la opinión de los vendedores.
Además, se mostró preocupado porque el proyecto de ley le da a los potenciales administradores de la lotería "un cheque en blanco para que éstos realicen cualquier cambio que estimen necesario para su propia conveniencia y no para lograr el mejor interés del pueblo".
Ambos reiteraron que la Lotería se creó con el propósito de allegar fondos al erario.
Grau Morales señaló que no hay garantía de que los vendedores de billete sean reempleados por la corporación privada que maneje la lotería, y que si se quedan sin trabajo, los que llevan más de diez años no podrán retirar el dinero de su retiro.
Aseguró que, pese a que el derecho vigente indica que cuando un empleado de una agencia pierde su empleo, se le buscará trabajo en otra dependencia pública, el proyecto de ley de la lotería indica que si la corporación privada que la maneje no da trabajo a los empleados públicos no podrán ser reempleados por otra agencia.
Resaltó que entre los vendedores de billetes hay personas con impedimentos y que no hay ninguna garantía de que sean reempleados si se vende la corporación pública.
En caso de que el gobierno venda la lotería, Malavé recomendó que se añada al proyecto de ley un artículo que garantice los derechos de los agentes, vendedores mayoristas y vendedores ambulantes.
Antonio Silva, presidente de la Comisión Cameral de Hacienda resaltó que, según sus cálculos, la lotería tiene un valor de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares.
Grau Morales recordó que la corporación pública distribuye y vende siete series de 50.000 billetes cada una, celebra 49 sorteos ordinarios al año y tres extraordinarios.
Su nómina es de cerca de 320 empleados y los más de 15.000 agentes venden unos 350.000 billetes semanales.
Entre las entidades que reciben dinero proveniente de la lotería figuran el Fondo Especial para Enfermedades Catastróficas, el Comité Olímpico, el Albergue Olímpico, el Departamento de Recreación y Deportes y el Fondo para el Programa de Subsidio de Arrendamiento y de Mejoras para Viviendas a Personas de Mayor Edad con Ingresos Bajos.
