principios de este mes, el Subcomité de Políticas Monetarias nacionales e internacionales, Comercio y Tecnología de la Cámara de Diputados escuchó el testimonio experto del Tesoro de los EEUU, la Reserva Federal y numerosas entidades de la industria, incluyendo a la Asociación de Banqueros Americanos y la Mesa Redonda de Servicios Financieros, los cuales criticaron las reglas propuestas y las calificaron de “imposibles de cumplir”.
La legislación propuesta la semana pasada por parte de los congresistas Frank y Paul, HR5767, “ prohibiría a la Secretaría del Tesoro y a la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal el hecho de proponer, prescribir o implementar cualquier regulación bajo el subcapítulo IV del capítulo53 de título 31, el Código de Estados Unidos, o para otros propósitos".
"El proyecto de ley Frank-Paul impediría que el gobierno de los EEUU siga tomando medidas en regulaciones que requieran que las instituciones financieras del país bloqueen pagos para los juegos por Internet," dijo Jeff Sandman, vocero para la Iniciativa de Juego Seguro por Internet.
La actual prohibición de juego por Internet genera significativas molestias adicionales para las instituciones financieras de EEUU, que dicen que es injusto que tengan que atenerse a la política de juego por Internet en un momento en el cual el foco tendría que estar puesto en la economía.
"Con la actual crisis hipotecaria y otras presiones económicas, esperamos que el congreso reconsidere si es un momento apropiado para pedirnos que dediquemos recursos para tratar de cumplir con lo que vemos como una ley impracticable”, dijo Harriet May de la Asociación Nacional de Unión de Crédito en su testimonio ante el congreso.
Representantes de la Mesa Redonda de Servicios Financieros, la Asociación de Banqueros Americanos y Wells Fargo & Co. también dieron su testimonio acerca de las molestias innecesarias que debieron enfrentar bajo las reglas propuestas, y también destacaron la ambigüedad de la ley, la cual da lugar a múltiples interpretaciones de lo que puede ser o no considerado como actividades ilegales. Las preocupaciones se vieron reflejadas en más de 200 comentarios enviados al Departamento del Tesoro y el Sistema de la Reserva Federal.
