También fue recomendado que se realice una “barrida” cerrando los establecimientos y aprehendiendo las máquinas encontradas y suspender las autorizaciones de funcionamiento concedidas.
El procurador Júlio Carlos Schwonke de Castro Júnior concedió el plazo de 20 días para que las recomendaciones sean cumplidas. Si la orden no es cumplida, amenaza con abrir una investigación civil pública o realizar una Acción Civil Pública para condenar el incumplimiento de la recomendación. Los municipios tienen hasta 40 días para relatar al MPF el resultado de la fiscalización.
Una de las razones descriptas fueron las “incontables noticias y reclamos de ciudadanos informando el funcionamiento de esos equipamientos en los municipios de la región, en los más variados tipos de establecimientos comerciales, inclusive con el amplio acceso a niños y adolescentes”.