Uruguay: el intendente de Montevideo estaría dispuesto a iniciar un juicio civil contra Bengoa

“Determinados tipo de responsabilidades puede implicar que la Intendencia inicie un juicio civil. Yo no la descarto. Estoy esperando que termine este procedimiento”, dijo.

En tanto, el Banco Central del Uruguay (BCU) informará la próxima semana a la jueza Fanny Canessa sobre los movimientos de dinero realizado por Bengoa días antes de su procesamiento con prisión.

El ex jerarca municipal y de los Casinos del Estado retiró dinero de una cuenta del Banco Itaú de Montevideo y la transfirió a otra cuenta perteneciente a una institución financiera brasileña, según fue confirmado ayer.

Los movimientos fueron detectados por una investigación realizada por técnicos del Banco Central del Uruguay (BCU) a pedido de la jueza Canessa y de la fiscal Olga Carballo.

Dicha información será analizada en los próximos días por las peritas del Instituto Técnico Forense (ITF) que asesoran a la magistrada en ese caso.

Por otra parte, la jueza Canessa también solicitó la intervención de expertos de la Dirección General Impositiva (DGI) para que investigaran a las 18 empresas que arrendaron slots para la Intendencia de Montevideo mientras Bengoa era el director de los Casinos Municipales.

Canessa procura determinar la eventual existencia de irregularidades impositivas en el manejo de esas firmas, cuyos titulares estaban vinculados a familiares de Bengoa y de sus asesores.

El subdirector de la DGI, Julio López, afirmó que los técnicos del organismo harán auditorías dentro del área fiscal y estas podrán dar lugar, si corresponden, a reliquidaciones de impuestos. “Si las empresas están en situación correcta, no tendrán mayores consecuencias. Y los resultados de las auditorías que realicen los inspectores de la DGI, nos dirán si hay alguna consecuencia fiscal o no”, dijo.

Por otra parte, el presidente Tabaré Vázquez dijo que no le preocupaba los cuestionamientos que la oposición realizaba a los ministros Danilo Astori (Economía), Mariano Arana (Vivienda) y María Julia Muñoz (Salud Pública), porque se estaba “jugando el libre juego de la democracia. Respaldo a todos los ministros”.

Además, Ehrlich afirmó que si la Justicia determina que Bengoa es inocente o se le vincula a determinados delitos que no están relacionados con su función municipal, la comuna “no iniciaría” ningún tipo de acciones legales

Consultado sobre si se comprueba que esos delitos generaron un perjuicio para la Intendencia, Ehrlich respondió que, en ese caso, “estamos obligados” a presentar una demanda civil contra el patrimonio del ex director municipal.

Y al preguntarle sobre si la decisión de investigar la gestión anterior de los casinos le generó problemas internos, Ehrlich dijo que no tenía otra alternativa que “recorrer ese camino. Hice lo que tenía que hacer”.

La investigación concluyó que no hubo delitos pero sí detectó “anomalías administrativas”. Luego, la IMM derivó el expediente a la Justicia y el 20 de diciembre del 2007, Bengoa y sus asesores fueron procesados por conjunción de interés público con el privado, concusión y fraude. Están recluidos en Cárcel Central.

Por otro lado, los ediles nacionalistas Álvaro Viviano y Fernando Ripoll presentaron ayer ante la jueza Fanny Canessa nuevos elementos probatorios al expediente que investiga un probable delito de conjunción del interés público por parte de los ya procesados Juan Carlos Bengoa, Orestes González y José Luis Antúnez, Felipe Ruiz y Gustavo Dalmonte.

Viviano y Ripoll denunciaron la existencia de presuntas transacciones y negociaciones reservadas efectuadas por el ex intendente Mariano Arana y la ex secretaria general de la comuna, María Julia Muñoz. “Se trata de medidas adoptadas al margen de lo que dispone el TOCAF (texto que regula el funcionamiento de la administración pública) y la Ley Orgánica Municipal”, dijo el edil Viviano.

La denuncia señala que Arana y Muñoz acordaron con la empresa Carmitel, ex concesionaria del Hotel Carrasco, un “contrato directo” y “sin licitación” de alquiler de 120 slots para que la firma “desista” de un recurso que impedía a la IMM abrir una nueva sala de juego en el Hotel Oceanía. En el momento en que Carmitel recibe el contrato que le permite arrendar maquinitas a la Intendencia, “ya estaba incumpliendo” sus obligaciones con la comuna, dijo Viviano.

Las peritas del Instituto Técnico Forense (ITF) y el actuario del Juzgado Penal de 6° Turno fueron ayer a la Intendencia de Montevideo para presentar la documentación mediante la cual la jueza Fanny Canessa los habilitaba a recibir información que requieran, tal como informó El País.

Fuentes de la investigación señalaron que las peritas no encontraron ninguna autoridad municipal y que, tras varias llamadas, apareció el secretario General, Alejandro Zavala.